Melitón Cordero y el increíble fraude de las 119 visas

La vibración sorda del tren número siete estremece cada pocos minutos las vigas de hierro sobre la avenida Roosevelt, aquí en Jackson Heights, de Queens, mientras el vapor denso de las arepas tostadas y el café caliente me devuelve por un instante a las madrugadas ruidosas de Plaza Venezuela. En este rincón neoyorquino, donde el exilio se mastica con nostalgia, leo en mi tableta el expediente de Melitón Cordero. En realidad, se trata de un escándalo que de inmediato desnuda cómo la corrupción corporativa puede perforar las agencias de seguridad más respetadas de la región, recordándome a tantos burócratas de mi país que vendieron su firma en secreto.

Aquel dominicano de 47 años, nacido en San Francisco de Macorís, hizo historia al convertirse en el primer criollo en dirigir la oficina de la DEA en la República Dominicana. Su nombramiento fue celebrado como un hito de cooperación binacional frente al tránsito estratégico de estupefacientes procedentes de Sudamérica. Sin embargo, detrás de las felicitaciones diplomáticas y los balances exitosos de incautación, el agente especial supervisor ocultaba una lucrativa fábrica personal de visas que operaba desde la propia embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, cobrando miles de dólares en efectivo por saltarse la larga fila consular de espera.

La investigación federal se centra en el presunto abuso del programa de visas tipo S de no inmigrante. Este es un documento especial diseñado para testigos o informantes confidenciales que colaboran de manera activa con las agencias de seguridad norteamericanas. El programa permite que la DEA, el FBI y otras agencias faciliten cada año la entrada de extranjeros que, de otro modo, serían considerados inadmisibles debido a sus vínculos directos con actividades criminales. Una vez en territorio estadounidense, estos colaboradores cooperan en investigaciones complejas y, con el transcurso de los años, algunos pueden llegar a optar por la residencia permanente en el país.

No obstante, un informe publicado en 2019 por un organismo de supervisión del Departamento de Justicia ya había detectado graves fallas en la ejecución de este programa migratorio. Las auditorías revelaron que las agencias federales habían perdido por completo el rastro de hasta mil personas patrocinadas bajo este esquema especial, lo que representaba un riesgo potencial severo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En lugar de corregir los controles internos, el sistema mantuvo esos puntos ciegos operativos, permitiendo que un alto funcionario en el Caribe convirtiera un mecanismo de inteligencia en una lucrativa mina de oro personal.

La caída del supervisor comenzó a gestarse cuando un exempleado de la embajada estadounidense en Santo Domingo, quien se dedicaba a la consultoría de visas, decidió presentar una denuncia interna detallada. En 2024, este consultor fue abordado por un conocido promotor artístico y agente de talentos musicales del Caribe. El promotor, que en el pasado había gestionado visados de forma legítima, alardeaba en privado de contar con un contacto de alto nivel dentro de la DEA capaz de agilizar citas consulares en apenas dos semanas. El precio establecido por saltarse la fila era de diez mil dólares en efectivo por cada cliente.

Para canalizar las solicitudes, el promotor musical utilizaba la aplicación WhatsApp, comunicándose directamente con un número telefónico de la embajada que estaba guardado bajo el seudónimo digital de Milito Clara. Las pesquisas de Homeland Security Investigations confirmaron posteriormente que ese número correspondía al teléfono oficial asignado al propio supervisor. A través de este chat secreto, el intermediario dominicano enviaba fotografías de los pasaportes y los datos de identidad de los clientes ansiosos por viajar, coordinando los pagos ilegales y la entrega de los documentos en transacciones que se realizaban con absoluta discreción fuera de las oficinas consulares.

El asombroso pacto de Melitón Cordero en el estacionamiento

En diciembre, los investigadores de la oficina de HSI en Newark y Santo Domingo montaron una operación encubierta con el apoyo de una segunda fuente confidencial. Cuando el supervisor regresó a la isla tras las vacaciones de Navidad, presentó de inmediato una remisión oficial de visa a nombre de otro agente, describiendo al solicitante como un colaborador valioso de la DEA que ayudaba en investigaciones clave de narcotráfico. Sin embargo, el propio informante confesó que todas estas afirmaciones eran completamente falsas, revelando que el funcionario le había dado instrucciones precisas para que mintiera y dijera que se habían conocido en un club nocturno.

El punto decisivo de la entrega controlada se fijó para el pasado 27 de enero en el estacionamiento de un supermercado de Santo Domingo. La fuente encubierta llegó al lugar portando una bolsa de compras roja que contenía los siete mil dólares restantes para completar el soborno. Minutos después, una Toyota Prado de color negro ingresó al complejo y se estacionó a su lado. El colaborador subió al asiento del pasajero y recibió su pasaporte con el sello consular recién impreso, abandonando el vehículo poco después. Aunque el supervisor nunca bajó de la camioneta, las cámaras de la embajada lo registraron saliendo en ese auto.

El avance de la acusación penal ha desterrado por completo la hipótesis de que el supervisor operó como un llanero solitario en la embajada dominicana. Expertos en seguridad explican que el trámite de una visa S requiere una validación múltiple muy estricta que incluye la recomendación del supervisor local, la verificación de identidad y antecedentes por parte del Departamento de Seguridad Nacional y, finalmente, la firma del oficial consular. El Buró Federal de Investigaciones advirtió en su reporte preliminar que resulta imposible burlar todos estos filtros de control institucional sin contar con una red de apoyo interno.

En las últimas cuarenta y ocho horas, las pesquisas federales han puesto bajo la lupa a otros tres agentes especiales de la DEA asignados a la delegación de Santo Domingo. Estos oficiales habrían cofirmado los formularios obligatorios de certificación de riesgo, un requisito ineludible para autorizar la entrada de los supuestos informantes confidenciales a territorio norteamericano. Asimismo, la fiscalía investiga si personal administrativo de la sección consular omitió deliberadamente las entrevistas presenciales obligatorias a los familiares de los narcotraficantes beneficiados por el esquema, recibiendo transferencias o dinero en efectivo a cambio de acelerar los procesos.

Esta irrupción de Homeland Security Investigations dentro de la estructura de la DEA refleja una grave fractura de confianza interinstitucional, un proceso que los analistas en Washington denominan un reinicio forzado. Debido a que las agencias federales suelen operar con una gran autonomía y vigilar sus propios asuntos internos, que una división externa del Departamento de Seguridad Nacional intervenga de manera directa para arrestar a un supervisor especial en el extranjero envía un mensaje contundente. El sistema ha dejado de confiar en que la oficina antidrogas pueda auditar sus propias bases de datos y comunicaciones sin interferencias locales.

La caída del patriota y el terremoto en el Palacio Nacional

La captura de Cordero terminó sacudiendo los pasillos del Palacio Nacional en Santo Domingo, abriendo una grieta muy incómoda en el discurso oficial. Hace no mucho, el 11 de septiembre de 2024, el presidente Luis Abinader estampó su firma en el decreto 520-24 para otorgarle la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero. Aquella resolución aplaudía un supuesto compromiso «excepcional e inquebrantable» contra el narcotráfico. Que el primer dominicano en dirigir la DEA local acabe procesado por la justicia federal convirtió ese homenaje a los próceres en un bochorno del que hoy todos intentan desmarcarse a toda prisa.

El escándalo de la condecoración encendió un agrio debate político que coincidió con la celebración del undécimo aniversario del Partido Revolucionario Moderno en la Gran Arena del Cibao, en Santiago. Durante su discurso ante miles de militantes, el presidente Abinader instó a cuidar los fondos públicos y advirtió que la corrupción traiciona los principios de su gestión. Sin embargo, sus amigos de la oposición no tardaron en responder. El expresidente Leonel Fernández ironizó señalando que los problemas en los bolsillos de la gente no se resuelven con búsquedas en Google, mientras que Danilo Medina criticó el costo inflado de obras del pasado.

La presión pública obligó al Poder Ejecutivo a revocar de manera apresurada la condecoración otorgada a Melitón Cordero. El debate se centró en la ligereza de los controles estatales para otorgar la máxima distinción del país, cuya recomendación recayó sobre un consejo integrado por figuras como Bernardo Vega, Carlos José Guzmán, Elena Villeya de Paliza y Jorge Subero Isa. Diversos comunicadores recordaron el peligro de premiar a funcionarios en activo basándose únicamente en méritos coyunturales, especialmente cuando los condecorados resultan ser bandidos que terminan procesados por la justicia estadounidense, manchando la memoria de los padres de la patria.

La gravedad de la situación forzó a la embajadora estadounidense, Leah Francis Campos, a ordenar el cierre indefinido de la oficina de la DEA en la capital dominicana. Campos calificó los actos del supervisor como una violación repugnante y deshonrada a la confianza pública, advirtiendo que no tolerará ni la más mínima percepción de corrupción en su delegación. Por su parte, el canciller Roberto Álvarez y el ministro de relaciones exteriores se apresuraron a declarar que el cierre responde únicamente a una investigación interna de Washington, intentando desvincular al gobierno dominicano de las consecuencias de este desfalco.

Apago la tableta mientras la lluvia de Queens empieza a golpear con fuerza los cristales de la cafetería de Jackson Heights, borrando las siluetas de la avenida Roosevelt. Melitón Cordero permanece libre bajo palabra en el Distrito de Columbia, representado por la abogada Mary E. Carpenito, quien obtuvo un aplazamiento de la audiencia preliminar hasta el próximo 11 de junio de 2026 para revisar las evidencias y buscar una posible resolución negociada. Al final, en este exilio de mapas rotos, las medallas de caballero se guardan en el mismo cajón de las promesas incumplidas. Solo nos queda la palabra escrita para evitar el olvido.