Carlos Eduardo Orense Azocar: reconocido plan de 20 años

Bajo la cúpula gris de la estación de Hoboken, el aire espeso del amanecer arrastra un olor a metal mojado, llovizna fría y locomotoras que me transporta a Caracas. Desde esta orilla, miro el veredicto que sella el destino de Carlos Eduardo Orense Azocar, apodado ‘el Gordo‘ o ‘Tornapool‘, condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión. Su caída desmantela un imperio de narcotráfico y corrupción militar que operó casi dos décadas en Venezuela, devorando las bases éticas del Estado bajo una simulación de soberanía.

El juicio contra el magnate, celebrado en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York ante el juez Vernon S. Broderick, expuso cómo este enigmático operador logístico actuó como el verdadero puente entre la guerrilla colombiana y los altos mandos del chavismo. Jay Clayton, el fiscal a cargo del distrito, no dudó en describirlo como uno de los traficantes más prolíficos que hayan pisado ese estrado penal. Su condena representa el cierre de un ciclo de impunidad militar que le permitió exportar miles de toneladas de cocaína hacia el norte con el amparo de aduanas cómplices y generales de uniforme ensangrentado.

La investigación reconstruyó una marea criminal que comenzó en 2003 y se extendió hasta mediados de 2021. Durante ese tiempo, la organización de Carlos Orense controló un flujo constante que movía cerca de una tonelada de droga por semana —hasta 40 toneladas anuales—, generando decenas de millones de dólares en ganancias que regaron las cuentas de militares corruptos. Para resguardar esta mercancía, el sospechoso dependía de una cadena de ranchos ganaderos en el interior venezolano, principalmente en Guárico y Apure, donde los cargamentos eran escondidos en tanques bajo tierra antes de ser despachados hacia Centroamérica o el Caribe.

La logística de estas propiedades rurales era asombrosamente compleja. Los ranchos no eran simples granjas de engorde de ganado, sino auténticas fortalezas con pistas de aterrizaje clandestinas, arsenales repletos de fusiles automáticos y de miles de de de municiones. En el fondo, estas propiedades operaban fuera de cualquier control legal de las fuerzas policiales, custodiadas por ejércitos privados equipados con subfusiles, vehículos blindados e incluso una potente ametralladora calibre .50 montada en furgonetas. Allí, los aviones despegaban con códigos de transpondedor fraudulentos que los servicios de inteligencia les facilitaban para evitar radares estatales.

Para garantizar que el flujo de cocaína no sufriera interrupciones viales en las alcabalas, Carlos Orense diseñó una red de sobornos que regaba con billetes verdes a toda la jerarquía militar del país. El exmiembro de su anillo de seguridad, un soplón registrado por la fiscalía de Nueva York con la clave secreta de CC-5, reveló detalles muy comprometedores de estas entregas. El testigo recordó, por ejemplo, una tensa reunión ocurrida en 2008 o 2009 en un restaurante de Valencia con el general de la Guardia Nacional conocido como CC-3, donde se le entregaron dos bolsos deportivos llenos de dólares en billetes de 20.

El poder corruptor de ese general se puso a prueba poco después de la cena valenciana. Cuando un camión cargado con mil kilogramos de droga fue retenido en un retén militar, una llamada telefónica directa de CC-3 bastó para que el oficial de turno liberara el vehículo sin inspección. Este episodio, que todos lo sabemos en las mesas de prensa pero pocas veces se documenta en actas con tanta precisión, retrata a la perfección cómo el narcotráfico se camufló en el aparato de seguridad de un Estado que abdicó de sus responsabilidades constitucionales.

La red invisible de Carlos Eduardo Orense Azocar en las aduanas

El pasado administrativo de este operador revela que sus conexiones institucionales se forjaron mucho antes de la llegada del chavismo al poder central. Los expedientes públicos recopilados por Suprema Injusticia documentan que trabajó en el Ministerio de Finanzas en 1989. Posteriormente, se desempeñó como interventor de aduanas en el transitado Aeropuerto Internacional de Maiquetía, un puesto clave donde conoció a Pedro Luis Martín Olivares, exdirector de contrainteligencia de la antigua DISIP y también buscado por la justicia federal estadounidense.

Fue en esas oficinas aeroportuarias donde el acusado aprendió a leer las rendijas de los controles fronterizos y a tejer alianzas con figuras de los servicios de inteligencia como CC-1, de la hoy desaparecida DISIP, y CC-2, jefe de la DIM. Estas relaciones permitieron que su organización operara con total impunidad mientras el país caribeño se transformaba en una plataforma segura para las rutas clandestinas que conectaban Apure con la costa dominicana y el codiciado mercado estadounidense.

Sin embargo, el camino de Carlos Orense no estuvo exento de violencia física directa. En noviembre de 2011, en la ciudad oriental de El Tigre, en Anzoátegui, se vio envuelto en un tiroteo mortal donde falleció su socio de negocios, un hombre que creo que se llamaba Carlos Ramón Cedeño. El acusado alegó defensa propia en un proceso penal lleno de dilaciones en los tribunales venezolanos. En realidad, esa impunidad judicial era el sello distintivo de un hombre que se sentía intocable gracias a su círculo de amigos de alto rango en Caracas.

Para lavar la enorme montaña de divisas procedentes de la droga, la red utilizó cuentas y corporaciones en el extranjero. Los fiscales neoyorquinos identificaron transacciones sospechosas que involucraban a una firma estatal venezolana denominada Company-2 en los registros procesales del gran jurado. Adicionalmente, el juicio desveló supuestos nexos con exdirectivos de la industria petrolera del país, incluyendo a un antiguo directivo de Citgo, quienes habrían facilitado la simulación comercial y la transferencia de capitales hacia el sistema financiero formal a mediados de los años 2000.

Este desvío masivo de recursos a través de PDVSA fue denunciado en su momento por desertores clave del régimen, como el exmagistrado Luis Velázquez Alvaray, quien falleció en Costa Rica el año pasado. Velázquez Alvaray llegó a afirmar en sus últimas entrevistas que los almacenes de la petrolera estatal se habían convertido en depósitos seguros para los precursores de las FARC, mientras que las refinerías prestaban soporte químico. Honestamente, ver cómo la industria que una vez fue el orgullo del país terminó convertida en soporte de capos es la mayor tragedia de nuestra diáspora.

La caída del operador logístico del Cartel de los Soles

El engranaje del Cartel de los Soles, calificado recientemente por el Tesoro estadounidense como una entidad terrorista global, dependía de coordinadores discretos como el acusado dominicano-venezolano. Su nombre no figuraba en los carteles de recompensas millonarias de la OFAC, pero su captura en una pequeña posada de Casalvieri, Italia, en mayo de 2021, representó un golpe de enorme relevancia para la DEA. Su traslado a Nueva York se concretó en junio de 2022 tras un prolongado litigio de extradición que su defensa intentó dilatar sin éxito ante los tribunales italianos.

Al llegar a territorio estadounidense, el imputado se declaró en la quiebra absoluta ante la jueza federal Valerie Figueredo, solicitando de inmediato la asistencia técnica de un defensor de oficio para su representación. Esta simulación de pobreza contrastaba de forma asombrosa con los millones de dólares en efectivo que el testigo CC-5 lo vio repartir a generales y funcionarios en los clubes nocturnos de Caracas. El jurado del Distrito Sur rechazó todos los argumentos de su defensa y lo declaró culpable de conspiración de armas y drogas.

La lectura de la sentencia de este lunes ocurre en un contexto de enorme relevancia política para la región. Orense se encuentra recluido hoy en el Metropolitan Detention Center en Brooklyn, un penal federal de alta seguridad que recientemente recibió un nuevo e inesperado inquilino. Se trata de Nicolás Maduro, el mismísimo líder chavista capturado el pasado 3 de enero de 2026 en Caracas durante un asombroso operativo militar conducido por fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos.

El destino tiene vueltas extrañas. Que ambos hombres compartan hoy pasillo en el centro de detención de Brooklyn parece un cierre poético —casi una ironía histórica— para dos décadas de complicidad y silencio armado. Creyeron que el escudo de la soberanía caribeña los mantendría a salvo para siempre de las cortes del norte, pero el pacto se quebró desde adentro. El exjefe de contrainteligencia militar, Hugo «el Pollo» Carvajal, quien terminó capitulando ante la justicia estadounidense tras admitir cargos de narcoterrorismo, se encargó de entregar las bitácoras y los mapas que explican el engranaje de este negocio.

Carvajal describió a los fiscales aquellas reuniones de 2005 en las que el propio Hugo Chávez ordenaba usar la cocaína como una herramienta política contra Washington. En esas oficinas se sentaban generales de alto rango como Henry de Jesús Rangel Silva junto a figuras clave como Diosdado Cabello y Tareck El Aissami, trazando rutas de distribución provistas por las FARC. El esquema funcionaba con una regularidad asombrosa: los guerrilleros colombianos, a veces vistiendo uniformes de las fuerzas armadas venezolanas para evitar sospechas, custodiaban las pistas secretas que Orense operaba en el interior del país.

Camino por el andén húmedo de Hoboken mientras los silbatos de las locomotoras cortan el aire espeso y el sol empieza a pintar de un gris pálido las siluetas de los rascacielos de Manhattan al otro lado del Hudson. En esta estación de paso, pienso en los miles de venezolanos que hoy barren calles en el extranjero o tiemblan de frío en Jackson Heights, desterrados por una crisis que se financió con los millones de ese cartel. Las condenas judiciales no nos devuelven los años perdidos, pero al menos le quitan el brillo dorado a las medallas de caballero de los bandidos. El tren arranca en silencio.