Soborno: el auténtico hito del 12% en contratos de la UNGRD

El amanecer en esta pequeña plaza de Arlington tiene una luz filtrada por la neblina que sube del Potomac, una humedad que se siente en los huesos y que me obliga a apretar las manos alrededor de un vaso de papel con té hirviendo. Observo a un grupo de oficinistas que caminan con prisa hacia los edificios gubernamentales, con esa seguridad de quien sabe que las reglas se cumplen, y no puedo evitar pensar en los cables que llegaron anoche desde Bogotá sobre el sistema de soborno que ha carcomido las instituciones colombianas.

La verdad es que, tras revisar los expedientes, entiendo que la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha dejado de ser una simple irregularidad administrativa para revelarse como una empresa criminal estructurada que se repartía el 12% de cada contrato asignado. Testifico esto desde un exilio donde las noticias de mi propia tierra se mezclan con los informes de la fiscalía colombiana, revelando que el dinero destinado a atender tragedias climáticas terminó financiando los lujos de unos pocos y las ambiciones políticas de otros tantos.

Cuesta digerir que, mientras las comunidades vulnerables esperaban la ayuda que nunca llegó, personajes como Olmedo López y Sneyder Pinilla gestionaban la entrega de contratos de maquinaria amarilla y obras de emergencia en municipios como Cotorra, Saravena y Riohacha con un interés netamente personal. En realidad, la arquitectura de este entramado se basaba en el redireccionamiento de recursos públicos que superan los 40.000 millones de pesos, un capital que se esfumó entre coimas y preacuerdos de pasillo.

Es una asimetría que asusta: un sistema diseñado para salvar vidas en medio del desastre convertido en un mostrador donde se negociaban votos para aprobar reformas sociales en el Congreso, salpicando incluso a presidentes de las cámaras legislativas. La verdad es que la justicia ha empezado a hablar con resultados, logrando más de 3.500 condenas en los últimos cuatro años, pero el rastro del dinero sucio sigue siendo una sombra difícil de disipar por completo.

Recuerdo vagamente a un colega en una redacción de Caracas que decía que la corrupción es como un cáncer que no solo mata al cuerpo, sino que pudre el alma de la nación. Bueno… en Colombia el cáncer ha hecho metástasis en sectores tan diversos como la infraestructura y la salud, donde los beneficios por colaboración se han vuelto la moneda de cambio para intentar llegar a los verdaderos beneficiarios de estas redes.

Honestamente, lo que más duele de estos reportes es ver cómo la tragedia humana se convierte en un activo negociable, donde incluso el revisor fiscal o el oficial de cumplimiento fallaron en su deber de vigilancia, permitiendo que la opacidad fuera la norma y no la excepción.

Las marionetas del poder y el mercado de la UNGRD

La arquitectura del saqueo en la UNGRD no fue un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una red mucho más profunda que la fiscalía ha denominado «Las Marionetas«, articulada por el fallecido exsenador Mario Alberto Castaño Pérez. Me contaron que este grupo logró direccionar la contratación en entidades nacionales y municipales, involucrando a ocho alcaldes y a decenas de funcionarios que aceptaron su responsabilidad tras la contundencia de las pruebas.

La verdad es que el modelo de negocio era sencillo pero eficaz: influir en los procesos de licitación para que solo empresas amigas se quedaran con los proyectos, garantizando un retorno inmediato de capital hacia los bolsillos de los facilitadores políticos. Es un círculo vicioso de impunidad que se alimenta de la falta de supervisión real en transacciones que, en teoría, deberían ser transparentes y públicas.

Incluso cuando se detectan estos esquemas, los delincuentes son maestros en el arte de utilizar empresas fantasma para desviar millones antes de desaparecer del radar de las autoridades. He visto reportes de «Negocios Fantasmas» que confirman que esta es la herramienta favorita para lavar el dinero de los sobornos, creando estructuras que solo existen en el papel pero que son muy reales al momento de cobrar el cheque estatal.

En realidad, al enfocarse solo en la captura de los mandos medios, el sistema pierde de vista a los cleptócratas que operan desde la sombra de los directorios políticos y los bufetes de abogados de élite. Bueno… es un riesgo que el Estado colombiano ha intentado mitigar con leyes como la 1778 de 2016, pero la eficacia de las multas de hasta 200.000 salarios mínimos sigue siendo cuestionada por organismos internacionales.

Pero el muro más alto es el de la justicia transnacional. La verdad sea dicha, la OCDE ha expresado su decepción por la incapacidad de Colombia para procesar penalmente a personas naturales involucradas en sobornos transnacionales, limitándose en su mayoría a sanciones administrativas contra las empresas.

En este año, el informe de la Fase 4 de la Convención Antisoborno señala que la cooperación interna entre agencias como la UIAF y la Superintendencia de Sociedades es insuficiente, lo que impide una detección proactiva de los flujos de dinero ilícito que cruzan las fronteras. Me enteré de que existen leyes que prohíben compartir inteligencia financiera clave con los entes administrativos, creando silos de información que solo benefician a quienes ya saben cómo saltarse la ley.

El soborno transnacional: de Odebrecht a la Ruta del Sol

La arquitectura de la corrupción también se nutre del silencio de los puertos y de las obras que prometían conectar al país. Recuerdo el caso de la Ruta del Sol II, que se convirtió en el emblema continental del soborno tras la confesión de la constructora brasileña Odebrecht. En este proyecto, se identificaron pagos por más de 11 millones de dólares destinados a asegurar adiciones contractuales favorables, como la vía Ocaña-Gamarra, sin pasar por un proceso de licitación pública. La verdad es que personajes como el ex-viceministro Gabriel García Morales aceptaron haber recibido dinero para descalificar propuestas competidoras y garantizar que la oferta de la multinacional fuera «formalmente perfecta».

Incluso existen casos donde exsenadores actuaron como intermediarios para presionar a directivos de agencias estatales y ministros, utilizando comisiones del Congreso para acelerar trámites que beneficiaban a la firma brasileña. Me contaron del rol de Otto Bula, quien supuestamente cobró una cuota de éxito por influir en la Agencia Nacional de Infraestructura para incluir cláusulas que aumentaban el valor de los peajes y garantizaban vigencias futuras para el concesionario. La verdad es que es una ingeniería de las sombras que utiliza el lobby político como una extensión del contrato comercial, distorsionando la competencia y encareciendo el costo de vida de los ciudadanos que hoy pagan esos peajes.

Y luego están los arbitrajes amañados. En proyectos como IIRSA Sur en Perú, pero con ecos claros en toda la región, se ha detectado el pago de coimas a árbitros para que fallaran sistemáticamente a favor de las constructoras en disputas legales contra el Estado. Es un esquema donde la justicia se comercializa al mejor postor, dejando a las naciones con deudas impagables por obras que a menudo presentan fallas estructurales graves. Honestamente, sin una reforma que obligue a los árbitros y contadores a reportar sospechas de corrupción sin temor a represalias, el sistema seguirá siendo vulnerable a la captura por intereses corporativos.

El laberinto de la impunidad y el informe de la OCDE

La situación en Colombia, según la OCDE, sigue siendo preocupante debido a los plazos legales tan cortos que permiten que muchos casos prescriban en la fase de indagación preliminar. La verdad es que la falta de un sistema integral de protección para denunciantes deja a quienes intentan alzar la voz expuestos a riesgos físicos graves. Todos lo sabemos, pero pocos se atreven a soltarlo con claridad: la billetera que paga la campaña es, casi siempre, la misma que luego se queda con el contrato.

Honestamente, es la entrada principal a la gran corrupción. Según los datos de Transparencia por Colombia, uno de cada tres financiadores de campañas termina amarrando negocios con el Estado, lo que crea un riesgo constante de que el capricho privado maneje la plata de todos. En realidad, mientras no se le ponga un freno a los recursos de particulares y se vigile de verdad lo que pasa en el Congreso, ese círculo vicioso de ‘tú me financias y yo te pago con contratos’ se va a seguir repitiendo cada cuatro años.

Mañana volveré a caminar por estas calles de Arlington, buscando entre las noticias algún rastro de que la justicia en mi región está dejando de ser una moneda de cambio. Pero el frío del Potomac me recuerda que la transparencia es una luz que tarda mucho en llegar a los rincones donde el poder se escribe con tinta invisible. El radiador de este pequeño café ha dejado de sonar y la penumbra del local solo es rota por el parpadeo de mi monitor que todo lo registra. La pregunta que me persigue no es quién cobró el soborno, sino cuánto tiempo más podremos permitirnos habitar una realidad física que se sostiene sobre los escombros morales de nuestras propias instituciones.