Decidido fallo: Carlos Eduardo Caicedo Omar y 9 años

Estoy en la fila de una farmacia de cadena en Alexandria, Virginia, esperando por un antibiótico que cuesta lo que en mi país sería el sueldo de un mes. El aire acondicionado está tan alto que el frío se siente como una bofetada húmeda, recordándome esas esperas eternas en los pasillos de los hospitales públicos de Caracas, donde el olor a cloro no lograba ocultar el de la desidia.

Mientras aguanto el turno, leo en mi teléfono que el nombre de Carlos Eduardo Caicedo Omar ha vuelto a sacudir las redacciones colombianas con una contundencia que pocos esperaban en esta etapa. No informo sobre esto para que se guarde un recorte; lo hago para testificar sobre cómo el poder, cuando se envuelve en banderas de cambio, puede terminar construyendo monumentos al fracaso con el dinero de los más pobres.

El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá acaba de sellar una condena de 117,6 meses de prisión —algo así como nueve años y un puñado de meses— contra el exgobernador del Magdalena por una trama de corrupción que dejó a Santa Marta con más escombros que camillas.

Aquel nombre, el de un dirigente que se proyectó como la renovación de la izquierda en el Caribe, hoy se asocia a delitos de peculado por apropiación agravado y contratos que se firmaron saltándose cualquier rigor legal. La sentencia no solo ordena su captura inmediata una vez quede en firme, sino que le impone una multa que supera los 4.453 millones de pesos, una cifra que muerde el erario público con la misma saña con la que se abandonaron las obras.

Eran dos visiones de la gestión pública las que chocaron en este juicio: la que prometía modernizar la red de salud y la que, en la práctica, terminó demoliendo puestos asistenciales para dejar solo las ruinas. Todos sabíamos que la red de salud samaria era una herida abierta, pero los archivos judiciales ahora demuestran que el bisturí se usó para beneficio de terceros y no de los pacientes.

La desconfianza se volvió el motor de esta investigación que se extendió por más de una década, desde que Carlos Eduardo Caicedo Omar era alcalde entre 2012 y 2015. Recuerdo haber leído que el proyecto inicial contemplaba intervenir cinco centros clave: Mamatoco, Bastidas, La Paz, Candelaria y Taganga. Al final, honestamente, solo el de Bastidas se terminó de levantar en el nororiente de la ciudad.

El resto? Retrasos, proyectos que nunca pasaron de la primera piedra y una prestación precaria que obligó a la gente a buscar atención donde no la había. Todo se remonta a una delegación de funciones en un gerente de la ESE Alejandro Próspero Reverend, un tal Gregorio Domínguez, que según la jueza, actuó bajo una falta de planeación absoluta.

El rastro de Carlos Eduardo Caicedo Omar en el Caribe

Lo que más me duele de este recuento es recordar cómo se usó la esperanza de la gente como un laboratorio de impunidad. No se trató de un simple error administrativo, sino de una actuación consciente que omitió requisitos esenciales para favorecer a las mismas constructoras de siempre. Una sociedad llamada Mediredes SAS terminó beneficiada en dos licitaciones que sumaron más de doce mil millones de pesos, a pesar de que no tenían ni el concepto técnico del Ministerio de Salud para empezar a trabajar.

Es asombroso cómo se movían los nombres: la empresa cambiaba de razón social mientras seguía quedándose con la tajada del león en las uniones temporales que firmaban los contratos con la administración de Caicedo y su sucesor, Rafael Martínez.

En realidad, estábamos ante una arquitectura del saqueo. La Fiscalía, que ya le había echado el ojo a este esquema hace años, llegó a imponer medidas cautelares sobre once bienes del exgobernador avaluados en más de 700 millones de pesos. Dicen que esos inmuebles fueron adquiridos con el dinero que debía destinarse a la adecuación de los centros de salud.

Es una mancha que no se borra: mientras el sistema de salud samario se caía a pedazos, la rentas ilícitas calculadas superaban los 4.120 millones de pesos. Caicedo, por supuesto, ha intentado dilatar el proceso por años, cambiando de defensores como quien cambia de camisa; incluso su abogado titular, Iván Cancino, dejó el caso cuando fue nombrado ministro por el gobierno entrante.

Pero el rastro de irregularidades no se detiene en los hospitales. Hay un proceso fiscal paralelo por más de 8.547 millones de pesos relacionado con el manejo de regalías. Se supone que el dinero era para mejorar las capacidades de ciencia y tecnología para atender agentes biológicos de alto riesgo —ya saben, lo de la pandemia—, pero la Contraloría encontró inconsistencias que parecen una mala broma: compraron equipos costosos sin tener siquiera la infraestructura física donde instalarlos.

Pasó el tiempo de la emergencia sanitaria y el laboratorio nunca se entregó a satisfacción porque aún faltan obras básicas para el procesamiento de pruebas. Es el mismo patrón de siempre: adiciones presupuestales de miles de millones que desaparecen en el vacío burocrático.

La arquitectura del silencio y los billones perdidos

Incluso en los escenarios deportivos se siente el peso de esta gestión. La Fiscalía acusó formalmente a Carlos Eduardo Caicedo Omar por anomalías en la remodelación del Coliseo de Gaira, al sur de Santa Marta. Lo que debía durar dos meses terminó extendiéndose por más de 500 días gracias a cinco prórrogas que nadie supo justificar con rigor técnico. El contrato inicial, que era de unos 2.600 millones, terminó inflándose hasta superar los 4.000 millones de pesos, generando un detrimento patrimonial que los investigadores calculan en 691 millones. Falta de licencias de construcción, ausencia de estudios previos… la lista de omisiones es tan larga como las esperas de los atletas que nunca pudieron usar el escenario a tiempo.

La dinámica del poder de Caicedo también ha estado marcada por ruidos mucho más oscuros que los de una licitación amañada. Hace apenas unas semanas, en julio de 2026, la Corte Suprema de Justicia recibió una denuncia que estremece la fibra más sensible de la sociedad. Se trata de un presunto abuso sexual contra una menor de edad, un caso que ya escaló a la Fiscalía Delegada ante la Corte debido al fuero que ostentaba como gobernador.

Los documentos revelados mencionan un patrón sistemático de manipulación y hostigamiento que habría comenzado por allá en 2023, involucrando incluso dinero enviado para facilitar el acceso sexual a la niña y a su madre. La madre, según el expediente, llegó a intentar quitarse la vida por la presión sostenida.

El abogado de las víctimas, Julián Quintana, ha sido enfático en pedir protección inmediata, alegando que se han aportado pruebas —chats y testimonios— que demostrarían la configuración del delito. Es una acusación que Caicedo ha calificado de «montaje judicial», pero los registros del sistema penal muestran que el proceso está activo y en etapa de indagación. Es imposible no sentir una náusea profunda al leer estos detalles mientras uno ve la imagen pública de un hombre que aspiraba a la presidencia de la República. En el fondo, todos sabemos que el poder sin control es un arma que no respeta ni la infancia ni la dignidad.

De los puestos de salud al banquillo de la Corte

Me pregunto si alguna vez dejaremos de ver estos ciclos de ascenso y caída donde los platos rotos siempre los paga la misma gente. La defensa de Carlos Eduardo Caicedo Omar, ahora liderada por Luis Carlos Torregrosa, ya anunció una ofensiva jurídica para apelar la condena de los centros de salud, alegando que él no tenía competencias presupuestales directas sobre la entidad contratante. Extrañan también que ni los contratistas ni los gerentes de la ESE hayan caído con la misma fuerza que el exgobernador. Por ahora, seguirá en libertad mientras el Tribunal Superior de Bogotá resuelve los recursos, una tregua procesal que sabe a poco para quienes vieron cómo se demolían sus clínicas.

La política en el Magdalena sigue siendo un tablero de lealtades y traiciones donde Fuerza Ciudadana, el movimiento que Caicedo fundó, mantiene una influencia significativa. Fue aliado clave del gobierno anterior y su voz todavía resuena en la región Caribe, pero este fallo judicial marca un punto de no retorno. La condena de casi diez años es un hito para la justicia colombiana, una de las decisiones más relevantes contra un mandatario regional en materia de corrupción administrativa. No es solo una sentencia penal; es el acta de defunción de un modelo de gestión que priorizó el asfalto inexistente sobre el bienestar humano.

Sigo aquí, en la farmacia, con el antibiótico finalmente en la mano. Pienso en los niños de Mamatoco o de Taganga que siguen esperando por un centro de salud digno mientras los billones se perdían en contratos sin estudios. La verdad, tarde o temprano, termina por aflorar, como decía Caicedo en una carta vieja de 2009 cuando lo absolvieron de otros cargos relacionados con paramilitares en la Universidad del Magdalena.

Pero esta vez, el peso de los documentos contables y los testimonios de las víctimas de salud parece ser un muro mucho más difícil de derribar que cualquier consigna electoral. Recojo mi receta y salgo a la lluvia de Alexandria, sabiendo que la historia de este exilio también es la historia de lo que permitimos que ocurriera en casa, bajo el silencio cómplice de un sistema que tarda demasiado en reaccionar.

Escrito por una persona 😊, no por la IA.

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