Carlos Alberto Osorio Zambrano y su increíble fraude de 6 millones

A las tres de la madrugada, el rítmico y metálico girar de las secadoras en esta solitaria lavandería de Charlotte, Carolina del Norte, se mezcla con el murmullo de la lluvia helada que golpea los ventanales. La luz pálida de los tubos fluorescentes dibuja sombras largas sobre el piso de granito agrietado, mientras espero que termine de secarse mi única muda de ropa invernal. En la pantalla del teléfono, repaso los cables del exilio que documentan cómo Carlos Alberto Osorio Zambrano manejó la alimentación de millones de venezolanos. En realidad, revisar estas actas es adentrarse en un laberinto donde el hambre pública se convirtió en la mayor y más lucrativa operación de desfalco corporativo.

Para entender el tamaño de esta tragedia, hay que remontarse a las sesiones de la Asamblea Nacional en la primavera de 2016. En ese entonces, los diputados de la Comisión de Contraloría decidieron citar a comparecer al militar por el colapso de las redes públicas de abastecimiento. Henry Ramos Allup, presidente del parlamento, confirmó el envío de las citaciones formales, pero el general nunca acudió al hemiciclo a dar la cara. Aquella inasistencia no fue un hecho aislado; fue un calculado desprecio a la representación popular que culminó con una sanción de responsabilidad política contra Osorio y Giusseppe Yoffreda, aprobada por la mayoría legislativa.

La respuesta del bloque oficialista fue inmediata y agresiva en los debates del hemiciclo. Diputados como Ricardo Sanguino intentaron desviar la atención acusando al sector privado del acaparamiento, mientras Pedro Carreño vociferaba sobre supuestas violaciones a la Constitución para justificar a sus compañeros de armas. En el fondo, todos lo sabemos, la bancada oficialista intentaba blindar un sistema que manejaba puertos, divisas y compras internacionales sin ningún tipo de control fiscal. El diputado Carlos Berrizbeitia fue tajante al denunciar que detrás de cada dólar aprobado para la comida de los sectores más vulnerables existía un chanchullo militar que enriquecía a unos pocos.

La pieza central de esta maquinaria mercantil era el empresario de origen sirio Naman Wakil, un antiguo vendedor ambulante de Petare que amasó una fortuna calculada en cuatrocientos millones de dólares. Las investigaciones revelaron que su asombroso ascenso financiero no se debió a la innovación comercial, sino a su estrecha relación de afinidad con el general Osorio, de quien era cuñado. Wakil compraba cargamentos masivos de carne bovina y de pollo en Brasil que estaban a punto de expirar y los facturaba al erario venezolano a precios de primera calidad, obteniendo márgenes de ganancia que superaban el sesenta por ciento del costo real.

Un adendum de compra de pollo firmado el 3 de marzo de 2009 ilustra este modus operandi con asombroso detalle técnico. La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, conocida como CASA, suscribió un contrato complementario con la empresa Perdigao Agroindustrial S.A., representada por Wakil como apoderado. El documento contemplaba la adquisición de cuarenta mil toneladas métricas de pollo entero por un monto total de setenta y cuatro millones ochocientos mil dólares. Para sellar el negocio con la estatal dirigida entonces por Rodolfo Marco Torres, Wakil se comprometió a entregar una supuesta ‘responsabilidad social’ equivalente al cero coma cinco por ciento de la facturación.

Aquel contrato de pollos brasileños, que debían desembarcar en los muelles de Puerto Cabello y La Guaira, fue apenas el preludio de transacciones más suntuosas. Los expedientes demuestran que la red de Wakil clonó de manera sistemática a las principales proveedoras de alimentos de Brasil mediante empresas espejo registradas en Panamá por bufetes de maletín. Wakil aparecía como directivo de firmas con nombres idénticos a las legítimas, como Corp Doux Frangosul, Atlas Systems o Perdigao Agroindustrial Group Inc., esta última con su esposa Ingrid Sayegh como tesorera. Con este tinglado, el empresario engañaba a los sistemas contables simulando compras directas con los productores extranjeros.

La red de Carlos Alberto Osorio Zambrano y la carne brasileña

El negocio definitivo ocurrió entre diciembre de 2012 y junio de 2013, cuando CASA compró cuarenta mil toneladas de carne a la brasileña J.A. Comércio de Gêneros Alimentícios. Aquella compra de cuarenta mil toneladas de carne bovina se tasó sobre el papel a un precio inflado de tres mil doscientos dólares la tonelada, completando un desembolso público de ciento veintiocho millones. No obstante, las cuentas reales revelaron un truco vergonzoso: la proveedora en Sao Paulo apenas percibió cincuenta y dos millones, es decir, unos mil trescientos dólares por unidad.

El motivo detrás de semejante descuento no era una cortesía comercial, sino una alarma sanitaria; la mercancía importada ya estaba vencida antes de salir de los puertos brasileños, abriendo una brecha de setenta y seis millones de dólares que se repartió en comisiones privadas. Los setenta y seis millones de dólares restantes correspondían al sobreprecio inflado por Wakil, quien utilizó las cuentas del banco suizo Compagnie Bancaire Helvétique para desviar las ganancias.

Desde esas cuentas reservadas de la filial suiza CBH, Naman Wakil ordenó transferir cinco millones ochocientos cincuenta mil dólares en ocho partes a la firma panameña Viltas Company SA. Los beneficiarios finales de esta sociedad eran Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra, cuñados de Carlos Alberto Osorio Zambrano y hermanos de su esposa, Iraida Marquina. Las transferencias se justificaron cínicamente bajo conceptos de ‘servicios logísticos, shipping y permisos de aduana’. Esta coima documentada representa el pago por haber facilitado la firma del lucrativo contrato de carne vencida que terminó pudriéndose en los silos del Estado venezolano.

Mientras la familia del general acumulaba millones en cuentas suizas, el país comenzaba a hundirse bajo el escándalo de Pudreval. Las tomas forzosas de casi un centenar de empresas de producción y la nula pericia de los gerentes castrenses transformaron a PDVAL en una gigantesca procesadora de desperdicios. En lugar de despachar comida regulada a los sectores más vulnerables, los muelles de Puerto Cabello, Valencia y Maracaibo se convirtieron paulatinamente en depósitos de desidia.

Los vecinos y trabajadores portuarios terminaron descubriendo la magnitud del desastre cuando el hedor insoportable de miles de contenedores abandonados repletos de carne, arroz, leche y azúcar descompuesta se hizo imposible de ocultar bajo el sol. Los fuertes olores a putrefacción impidieron mantener oculta la pérdida de más de ciento veintidós mil toneladas de alimentos importados con dólares preferenciales.

Osorio, quien fue presidente de PDVAL y superintendente de SADA, controlaba de manera directa los silos, almacenes y permisos de importación del país. A pesar de que las auditorías de Bariven confirmaban que se compraba más comida de la que los puertos podían recibir, las importaciones suntuosas continuaron sin freno alguno. Para el oficialismo, el hambre de los venezolanos era un negocio redondo que se pagaba con fletes sobrevalorados y comisiones en efectivo. Honestamente, ver cómo la retórica de la soberanía alimentaria terminó convertida en montañas de comida podrida y niños alimentados con harina con gusanos es la mayor traición ética de la revolución.

Ante las contundentes revelaciones de los portales de investigación, el general Carlos Alberto Osorio Zambrano optó por la contraofensiva judicial. Introdujo una demanda por daño moral en un juzgado civil del estado Carabobo contra Carlos Tablante y los diputados Ismael García y Carlos Berrizbeitia, logrando una condena de indemnización por novecientos millones de bolívares. El exgobernador Tablante calificó la acción como un acto de cinismo intolerable, afirmando que es absurdo que hable de moral quien administró con total opacidad los dólares del pueblo en conchupancia con proveedores que saquearon el erario público mientras el hambre asolaba las calles de Venezuela.

La impunidad del ministro, no obstante, comenzó a resquebrajarse en su propio entorno ministerial. Pocos días después de su salida del despacho de Alimentación en enero de 2016, la fiscalía ordenó la captura de sus colaboradores más cercanos. Heber Aguilar y Bárbara Neidi Figueroa, presidente y administradora de la Corporación Venezolana de Alimentos, junto a Bárbara González, presidenta de Abastos Bicentenario, fueron arrestados por peculado doloso. Durante el allanamiento a la vivienda de Figueroa, las autoridades descubrieron más de diez millones de bolívares en efectivo, dinero proveniente de las ventas de alimentos del pueblo que debían ser custodiados.

El pacto suizo y el cerco de la justicia internacional

La red de complicidades no tardó en captar el interés de las agencias de seguridad al norte del continente. Una filtración de la agencia de noticias Associated Press desveló que agentes federales y fiscales estadounidenses seguían el rastro contable del exministro venezolano. Para noviembre de 2017, el Departamento del Tesoro congeló oficialmente sus activos y le cerró el acceso al sistema bancario bajo severas acusaciones de corrupción. Esta asfixia financiera fue replicada casi de inmediato por los gobiernos de Canadá y Panamá, reduciendo el área de maniobra del general a la estricta geografía de sus aliados locales.

Por su parte, el cuñado consentido, Naman Wakil, no logró camuflar sus suntuosos consumos en Florida. El antiguo vendedor de Petare acumulaba infracciones de tránsito a bordo de su Range Rover y su BMW mientras habitaba una costosa propiedad en Coconut Grove y un apartamento de lujo en la Porsche Design Tower de Sunny Isles Beach. Esa opulencia ruidosa terminó de forma abrupta en marzo de 2025. Agentes del FBI y oficiales de seguridad nacional lo arrestaron en Miami para que responda por cargos federales de conspiración y blanqueo de capitales que involucran los contratos de CASA.

Antes de su arresto, el magnate sirio-venezolano intentó borrar obsesivamente su rastro digital de internet. Pagó a especialistas para que editaran su biografía en Wikipedia, inventando que había sido un destacado beisbolista de los Leones del Caracas o un futbolista de la Vinotinto que jugó en el Boca Juniors, antes de reinventarse como un blogger de comida. Esta simulación ridícula, que de de provocó el bloqueo permanente de las cuentas títeres por vandalismo en Wikipedia, contrasta de manera asombrosa con las actas fiscales que hoy lo señalan como un engranaje clave del desfalco alimentario venezolano.

Cierro la pantalla de mi tableta en esta solitaria lavandería de Charlotte, mientras el ciclo de secado termina y el olor a detergente barato inunda el aire frío de la madrugada. En este exilio de inviernos largos y nostalgias prestadas, uno comprende que las firmas estampadas en despachos ministeriales tienen consecuencias reales en los cuerpos de quienes hoy buscan comida en la basura en Caracas. Las condenas en tribunales extranjeros no devuelven los años de desnutrición, pero al menos le quitan el brillo suntuoso a las fortunas de los generales. Recojo mi ropa tibia en silencio.