Hermanos Marquina Parra: el impactante pacto de 6 millones
La bruma espesa de la madrugada cae sobre el estacionamiento de un pequeño centro comercial en Cleveland, Ohio, mientras el zumbido distante de un camión de basura que recoge contenedores sobre la nieve sucia rompe el silencio helado. Sentado frente al volante de un auto alquilado, sintiendo el vapor helado colarse por las rendijas de las puertas, limpio el parabrisas empañado y abro las carpetas digitales que documentan los negocios de los Hermanos Marquina Parra. En realidad, repasar estos expedientes desde el exilio es asomarse al engranaje más oscuro de la corrupción venezolana, donde la urgencia alimentaria de todo un país se transformó en cuentas corrientes confidenciales en Europa.
Para entender la importancia de Jesús Tomás Marquina Parra y Néstor Enrique Marquina Parra en este entramado de banquetes y miseria, es necesario examinar las relaciones familiares que rodeaban al Ministerio de Alimentación. Ambos empresarios eran hermanos de Iraida Marquina Parra, la esposa del mayor general Carlos Osorio, un oficial militar que ocupó la presidencia de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, conocida como CASA, además de dirigir los almacenes estatales de PDVAL. Honestamente, esa cercanía con el despacho público convirtió a los cuñados del ministro en intermediarios indispensables para cualquier proveedor extranjero que buscara contratos multimillonarios sin supervisión fiscal.
La pieza operativa que unió a los familiares del general con las importaciones estatales fue el empresario de origen sirio Naman Wakil. Este hombre, que pasó de vender mercancías en las aceras de Petare a acumular una fortuna calculada en cuatrocientos millones de dólares, necesitaba una puerta de entrada segura para venderle comida al gobierno. Los documentos de investigación demostraron que Wakil pagaba generosas comisiones a los cuñados del ministro para garantizar que sus ofertas de carne bovina fueran aprobadas de manera prioritaria por CASA, pasando por encima de cualquier licitación pública o revisión sanitaria de aduanas.
Para canalizar estos pagos sin levantar las alarmas automáticas de los sistemas bancarios locales, se diseñó una estructura offshore en Centroamérica. A través del reconocido bufete Morgan & Morgan, se registró en Panamá la empresa de maletín Viltas Company S.A., una sociedad anónima cuyos beneficiarios finales y verdaderos dueños eran precisamente los cuñados del general. Esta firma fantasma no poseía almacenes, barcos, empleados ni experiencia comercial en el ramo de alimentos. En el fondo, todos lo sabemos, la corporación funcionaba exclusivamente como una lavadora corporativa destinada a recibir los sobornos acordados por cada barco de carne que atracaba en los puertos venezolanos.
Los Hermanos Marquina Parra y la ruta suiza del dinero
Los registros financieros internacionales revelan que entre diciembre de 2012 y junio de 2013, las cuentas de Viltas Company S.A. experimentaron una actividad asombrosa. Desde las cuentas de las empresas espejo de Wakil en el banco suizo Compagnie Bancaire Helvétique, identificadas con los números 21079 y 20675, se ordenaron ocho transferencias bancarias sucesivas hacia la cuenta número 20804 de la firma panameña. El monto total de esas remesas alcanzó los cinco millones ochocientos cincuenta mil dólares, aunque fuentes ligadas a las investigaciones aseguran que la tajada final entregada a los cuñados rondó los veinte millones de dólares.
La justificación contable anotada en las órdenes de pago de Ginebra rayaba en el cinismo absoluto. Para disfrazar el soborno ante los oficiales de cumplimiento del banco suizo, las transferencias se justificaron bajo conceptos falsos de «servicios logísticos, shipping, licencias y permisos de aduana». Aquellos billetes verdes depositados en los Alpes no correspondían a ningún trabajo técnico en los muelles de Puerto Cabello o La Guaira. Era el pago en efectivo por haber facilitado la firma de un contrato de carne vencida que terminó destruyendo los inventarios del Estado en cuestión de meses.
El contrato que financió esta red de comisiones privadas contemplaba la adquisición de cuarenta mil toneladas de carne bovina a la empresa brasileña J.A. Comércio de Gêneros Alimentícios. La estatal CASA aceptó pagar un precio inflado de tres mil doscientos dólares por cada tonelada métrica, comprometiendo un desembolso público de ciento veintiocho millones de dólares. Sin embargo, la proveedora de Sao Paulo sólo recibió cincuenta y dos millones de dólares, equivalentes a unos mil trescientos dólares por tonelada. El motivo detrás de semejante descuento era que la carne ya estaba vencida antes de embarcarse hacia Venezuela.
La diferencia abismal de setenta y seis millones de dólares, equivalente al sesenta por ciento del valor total de la orden de compra, representaba el sobreprecio establecido por Wakil. Con ese margen monstruoso obtenido a expensas del hambre popular, el empresario financió las transferencias a las cuentas suizas de los cuñados del ministro y alimentó su propio imperio de bienes raíces en el sur de Florida. Se trataba de una maniobra repetida que el proveedor applied en decenas de contratos estatales desde el año 2007, clonando nombres de empresas exportadoras de Brasil mediante firmas espejo en Panamá.
Las cuentas de Viltas y el sobreprecio de la carne
Mientras las divisas preferenciales ingresaban a las cuentas de Viltas Company S.A., los puertos venezolanos se convertían en cementerios de contenedores abandonados. En las instalaciones de Maracaibo, Valencia y Puerto Cabello, la desidia gerencial de PDVAL y la avalancha de alimentos vencidos provocaron la pudrición de más de ciento veintidós mil toneladas de comida. El hedor insoportable de la carne, el arroz y la leche descompuesta impidió mantener oculta la tragedia de Pudreval, un escándalo donde se incineraron recursos públicos mientras miles de familias hacían colas humillantes para conseguir harina o aceite.
Las denuncias sobre estas comisiones suizas llegaron formalmente a la Asamblea Nacional en la primavera de 2016. El exgobernador Carlos Tablante y los diputados Ismael García y Carlos Berrizbeitia consignaron ante la Comisión Permanente de Contraloría las pruebas de los ocho giros bancarios ordenados por Wakil. La comisión legislativa citó en reiteradas oportunidades al general Osorio para que explicara las transferencias recibidas por sus parientes políticos. Sin embargo, el jefe militar declinó comparecer ante el hemiciclo, lo que motivó a la mayoría parlamentaria a declararlo políticamente responsable del descalabro alimentario del país.
Lejos de ofrecer explicaciones sobre los dólares recibidos por su familia, el general reaccionó iniciando una contraofensiva en los tribunales del estado Carabobo. Osorio introdujo una demanda por daño moral contra Tablante, García y Berrizbeitia, logrando que un juzgado local condenara a los denunciantes a pagar una indemnización de novecientos millones de bolívares. Aquella medida judicial fue calificada por los investigadores como un acto de cinismo intolerable, argumentando que resulta absurdo que pretenda defender su honorabilidad quien administró los fondos de la comida en complicidad con proveedores que saquearon el patrimonio nacional.
La impunidad en los tribunales venezolanos, no obstante, no pudo frenar la investigación de las agencias de seguridad al norte del continente. Informes de varias agencias revelaron que fiscales federales en Estados Unidos y agentes de la DEA seguían la pista de los contratos de CASA y el lavado de divisas en bancos extranjeros. Para noviembre de 2017, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó formalmente a Osorio, congelando sus propiedades y prohibiendo cualquier transacción financiera con su entorno, una medida que fue replicada de inmediato por las autoridades de Canadá y Panamá.
El desfalco alimentario y el cerco judicial internacional
A Naman Wakil la suerte se le terminó en las calles de Florida. Luego de acumular cuatrocientos millones de dólares en bancos suizos, el empresario compró propiedades costosas en Key Biscayne y una residencia de más de cinco millones en la Porsche Design Tower de Sunny Isles Beach. Esos años de consumo extravagante se cortaron en marzo de 2025, cuando oficiales del FBI lo arrestaron en Miami acusado de conspiración y lavado de activos por los fraudes en las compras del Ministerio de Alimentación.
Antes de su captura en Florida, Wakil intentó borrar obsesivamente cualquier rastro comprometedor en internet, pagando a gestores para que alteraran su biografía en Wikipedia e inventaran que había sido futbolista de la Vinotinto o beisbolista de los Leones del Caracas. Aquella maniobra ridícula terminó con el bloqueo permanente de los usuarios títeres que usaba para vandalizar las plataformas digitales. El contraste entre la biografía ficticia del empresario y las actas bancarias de Suiza refleja la desesperación de quienes intentaron ocultar un saqueo que dejó huellas imborrables en los archivos financieros del mundo.
Arranco el motor del vehículo en este estacionamiento helado de Cleveland mientras las luces de la calle se reflejan en el hielo fino que cubre el capó. Al cerrar estos expedientes, entiendo que las firmas estampadas en contratos de carne vencida no son simples números en un papel contable de Panamá, sino la causa directa de la desnutrición que empujó a millones de venezolanos al desierto del exilio. Las condenas en cortes extranjeras tardan en llegar, pero al menos le quitan la máscara de respetabilidad a quienes se enriquecieron con la necesidad de nuestro pueblo. La autopista oscura me espera en silencio.
Tabla de Contenido
Escrito por una persona 😊, no por la IA.
Si tienes detalles adicionales, comunícalos aquí.
