Frena continente: el asombroso déficit de 788 millones

El viento gélido de esta madrugada en Boston se cuela por una rendija de la ventana, trayendo un silbido que parece una queja interminable. Son las tres de la mañana y el resplandor azulado de la pantalla es lo único que ilumina mi mesa, donde las carpetas digitales se amontonan con nombres de países que duelen. La verdad es que, en el fondo, la corrupción es un peso muerto que frena continente tras continente, especialmente en nuestra región, donde la obra pública se ha convertido en el banquete de unos pocos mientras las escuelas se caen a pedazos.

Testifico esto desde un exilio que me obliga a mirar las cifras de lejos, pero a sentirlas como si estuvieran grabadas en la piel. Me quedo pensando en los 788 millones de dólares que Odebrecht confesó haber repartido en sobornos entre 2001 y 2016, una cifra que marea y que apenas roza la superficie de un desastre estructural que ha permeado a doce naciones.

Aquel gigante brasileño no solo compró voluntades; institucionalizó el fraude mediante su División de Operaciones Estructuradas, un departamento dedicado exclusivamente a gestionar coimas con una sofisticación que asusta. El costo real, sin embargo, no está en los balances de una empresa, sino en el bienestar que se nos escapó entre los dedos. La verdad es que cada dólar desviado hacia un paraíso fiscal es un hospital que no se terminó o un puente que nació con fallas estructurales antes de ser inaugurado.

Recuerdo vagamente las calles de Caracas, donde el asfalto siempre parecía una promesa incumplida, y hoy entiendo que esa misma historia se repite en Argentina, en Perú o en la República Dominicana con una precisión matemática. Bueno… la paradoja es que, mientras los beneficios para la constructora superaron los 3.336 millones de dólares, el ciudadano común sigue pagando el peaje de una infraestructura deficiente.

El rastro del dinero que frena continente

La arquitectura de este engaño se sostiene sobre lo que los investigadores llaman un «contrato implícito«, una transacción donde la ley es un estorbo que se esquiva con dinero. En realidad, no es solo un sobre cerrado en un restaurante elegante; es la manipulación de criterios técnicos para que solo un postor pueda ganar la carrera. En el Metro de Lima, por ejemplo, el soborno garantizó que Odebrecht obtuviera un puntaje técnico perfecto, neutralizando cualquier intento de competencia real.

La verdad es que, cuando el funcionario manipula las bases de la licitación, lo que está haciendo es subastar el futuro del país al mejor postor. Pero bueno, todos lo sabemos: la opacidad es el aire que respiran estos acuerdos que se firman en la oscuridad de los despachos oficiales.

Y luego están las renegociaciones, ese agujero negro donde el presupuesto original desaparece sin dejar rastro. Me contaron que en el proyecto de la Carretera Interoceánica en Perú, el costo final se disparó un 118% sobre el valor adjudicado inicialmente, tras quince contratos suplementarios que nadie fiscalizó a tiempo. Es una técnica cínica: ofertar bajo para ganar la obra y luego extorsionar al Estado para terminarla, bajo la amenaza de dejar el cemento abandonado.

Honestamente, este mecanismo de «renegociaciones oportunistas» es lo que más frena continente y desarrollo, porque convierte cada proyecto en una deuda eterna que hipoteca a las siguientes generaciones. En la República Dominicana, casos como el de la Hidroeléctrica Pinalito mostraron adendas que incrementaron el costo en un 140%, violando cualquier límite legal de sensatez.

La arquitectura de la impunidad y el costo humano

Pero la corrupción no solo drena las finanzas; también pone en riesgo la vida de los trabajadores en las obras. La verdad es que, cuando se compran equipos de protección personal de baja calidad o se omiten estándares de seguridad para maximizar la ganancia ilícita, el precio se paga con sangre. Las inspecciones se reducen, los fiscalizadores miran hacia otro lado tras recibir un pago y el entorno laboral se vuelve una trampa mortal.

Es una cadena de irresponsabilidad que comienza en un banco en el extranjero y termina en un accidente de trabajo en una construcción mal señalizada. Todos recordamos —o deberíamos hacerlo— que la seguridad y la salud en el trabajo no son lujos, sino derechos que la corrupción devora con una insaciable sed de lucro.

Recuerdo a un colega en Caracas, creo que se llamaba Rivas, que decía que el silencio es el cemento más resistente de la región. Y no le faltaba razón. La verdad es que la falta de participación ciudadana y el miedo a las represalias permiten que estas redes sigan operando como si nada hubiera pasado. Según Transparencia Internacional, veintisiete de los treinta y dos países del continente están en un punto muerto, estancados en una lucha que parece no tener fin.

El Fondo Monetario Internacional calcula que anualmente se pierden hasta 2.000 millones de dólares en sobornos a nivel global, una cifra que nos frena y nos condena a la mediocridad. Bueno… al final, el impacto en el Producto Interno Bruto es tan severo que compromete entre el 30% y el 50% de los ingresos fiscales en los países en desarrollo.

A veces me pregunto si realmente hay una salida para este laberinto de cables y concreto podrido. La verdad es que la tecnología podría ser nuestra gran aliada, centralizando la información y eliminando los espacios velados donde se cocinan los acuerdos. El uso de sistemas electrónicos de contratación y la apertura de datos son herramientas necesarias para que el ciudadano pueda auditar cada centavo que sale de su bolsillo.

Pero la resistencia es feroz. Los funcionarios corruptos diseñan términos de referencia tan específicos que parecen el traje a medida de una sola empresa, bloqueando cualquier intento de innovación o competencia leal. Es un círculo vicioso donde la impunidad alimenta la desconfianza y la desconfianza paraliza la inversión privada.

Honestamente, el caso Odebrecht es solo la punta de un iceberg que sigue enfriando nuestras economías. Creo recordar que en Perú fueron 15 proyectos investigados, o quizás eran 14, no lo tengo del todo claro ahora mientras reviso estos informes viejos que huelen a polvo y olvido. Lo que sí es seguro es que el daño no se detiene en la frontera de un país.

Las amenazas persistentes de la colusión y el tráfico de influencias requieren una cooperación internacional que todavía se siente como un susurro frente al rugido de la codicia corporativa. Mañana volveré a encender la pantalla para seguir buscando los nombres de los que firmaron los contratos complementarios en el Poliducto Pascuales-Cuenca, en ese Ecuador que también sufrió el despojo de sus recursos.

El radiador de mi habitación ha dejado de sonar y el frío de la noche parece haberse instalado definitivamente entre estas cuatro paredes. Me quedo mirando el parpadeo del cursor, ese pequeño pulso de luz que parece preguntarme si realmente vale la pena seguir testificando sobre estas ruinas de silicio y corrupción. Quizás la pregunta no es cuándo se detendrá este saqueo, sino cuánta dignidad nos queda para defender lo que es de todos antes de que no quede nada que reconstruir. Al final, lo que nos queda es la evidencia de una montaña de dinero sucio que crece bajo la sombra de una democracia que nunca fue tan sólida como nos prometieron en los discursos.

¿Seremos capaces de romper el contrato implícito que nos mantiene atados a este pasado?