Secreto fiscal: el auténtico nido de 1,6 millones de empresas

El cielo sobre New Castle tiene hoy ese tono de acero cepillado que parece anunciar una tormenta que nunca termina de romper. Me detuve en una pequeña plaza, de esas que parecen sacadas de una postal antigua, para observar a un hombre que alimentaba a las palomas con una parsimonia casi ritual; tenía el ceño fruncido y vestía una chaqueta raída, pero movía las manos con la precisión de quien alguna vez manejó archivos importantes.

La verdad es que, en este exilio de mañanas lentas y horizontes extraños, uno descubre que la arquitectura del secreto fiscal que hoy, en pleno 2026, protege fortunas que deberían estar en las arcas de nuestras naciones, no es un invento de una isla remota con palmeras, sino el motor silencioso de este pequeño estado de Delaware. Testifico esto desde una distancia que duele, viendo cómo en un territorio de apenas un millón de habitantes conviven más de 1,6 millones de empresas, una cifra que marea y que confirma que aquí las entidades jurídicas tienen más derechos de residencia que las personas de carne y hueso.

Cuesta digerir que, según los informes que reviso mientras el viento me obliga a subirme el cuello del abrigo, más del 60% de las corporaciones que integran el índice Fortune 500 —gigantes como Google, Amazon, Walmart y LinkedIn— han elegido este rincón para fijar su domicilio legal. La razón es de una sencillez cínica: Delaware se ha transformado en una suerte de paraíso fiscal doméstico dentro de los propios Estados Unidos.

Es un imán que atrae a las 500 empresas más grandes de la nación no por sus recursos naturales, que no tiene, sino por un marco legal diseñado para la optimización tributaria y el anonimato. Recuerdo vagamente una conversación que escuché en una panadería de Altamira, donde un gestor decía que el dinero es como el agua: siempre busca la grieta más profunda para esconderse, y Delaware es, en realidad, un cañón sin fondo para el capital que prefiere no ser visto.

La arquitectura de este sistema permite que, por apenas 1.000 dólares y en tan solo una hora, cualquier persona desde cualquier lugar del mundo pueda registrar una compañía sin siquiera pisar este suelo. No se requiere identificación, no se necesitan nombres reales en la formación inicial y, lo que es más grave, estas entidades no tienen que informarle nada a nadie.

La verdad es que Delaware recibe unos 1.500 millones de dólares anuales simplemente por estas cuotas de registro y tributos de franquicia, un beneficio que ha silenciado durante décadas cualquier intento de reforma federal profunda. Es un negocio de opacidad legalizado que ha convertido al estado en lo que muchos llaman la «capital mundial de las empresas fantasma«.

El imán del velo corporativo y el rastro de los nombres ocultos

La estructura del secreto fiscal en este territorio se apoya en una ventaja que ningún otro estado ha podido igualar: el Tribunal de Equidad (Court of Chancery), establecido en 1792. Esta corte comercial, la más antigua del país, ofrece un poder judicial experto capaz de resolver disputas comerciales complejas con una rapidez que asombra a los inversores internacionales.

Pero esa misma eficiencia institucional ha servido, en el fondo, para blindar un velo corporativo que protege a personajes de dudosa reputación. Me contaron que el célebre traficante de armas ruso Viktor Bout, el «mercader de la muerte«, operaba a través de dos empresas registradas aquí mientras movía ametralladoras y aviones de combate por todo el planeta durante los años 90.

Honestamente, el desfile de expedientes criminales que tocan a Delaware es demasiado largo para contarlo. Paul Manafort y Richard Gates, piezas clave en el entorno político estadounidense, utilizaron compañías como Davis Manafort International LLC y DMP International LLC para ocultar millones de dólares provenientes del gobierno ucraniano, evadiendo impuestos mientras financiaban gastos de lujo desenfrenado.

Incluso Michael Cohen, el que fuera abogado de confianza de Donald Trump, recurrió a este nido de papel para registrar Essential Consultants LLC, la firma que usó para pagar el silencio de una actriz de cine para adultos durante la campaña electoral de 2016. La verdad es que solo se supo que estas empresas estaban en Delaware cuando las investigaciones federales estaban tan avanzadas que el muro del secreto ya no podía sostenerse.

Pero lo que más me quema es el rastro que este sistema ha dejado en la tragedia de mi propio país. La justicia de Delaware ha tenido que intervenir para disolver empresas como Agusta Grand I LLC y 200G PSA LLC, vinculadas a la red de Tareck El Aissami y el «Cartel de los Soles«, que se utilizaban presuntamente para lavar dinero del narcotráfico internacional.

Es paradójico que, mientras Estados Unidos lideraba la lucha contra la corrupción en Venezuela, permitiera que en su propio patio trasero se gestaran las herramientas legales para que los saqueadores del erario público venezolano escondieran el botín. Todos lo sabemos, pero pocos se atreven a señalar que la opacidad de Wilmington es la otra cara de la moneda de la crisis que vació nuestras arcas.

El laberinto de Citgo y el costo del silencio institucional

La arquitectura de la defensa de los activos venezolanos también ha encontrado en Delaware su campo de batalla definitivo. Citgo Petroleum Corporation es una C-corporation estadounidense, pero su control depende de una estructura de capas: CITGO Holding Inc. es propiedad de PDV Holding Inc., una entidad registrada precisamente en este estado y con sede en Texas. Esta cadena de mando permitió que el gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por Washington en 2019, instalara juntas ad hoc que tomaron el control de las subsidiarias y evitaron que los dividendos fluyeran hacia el palacio de Miraflores. Bueno… al menos esa era la intención oficial, aunque la realidad ha sido mucho más turbia y costosa.

He revisado informes que detallan una defensa opaca que ha movilizado cientos de millones de dólares en facturas para bufetes internacionales sin una contabilidad pública integrada. Solo la Procuraduría Especial registró gastos de casi 900.000 dólares para coordinar una red de más de 145 procesos judiciales, mientras firmas como Arnold & Porter o Paul Hastings facturaban millones por litigios relacionados con el oro en Londres o los bonos PDVSA 2020. La verdad es que se creó un circuito cerrado donde quienes nombraban a las juntas eran los mismos que debían evaluarlas, eliminando cualquier control parlamentario o auditoría externa efectiva.

El caso de José Ignacio Hernández es, en realidad, el ejemplo perfecto de estas tensiones. Antes de ser procurador, actuó como testigo experto en el litigio de Crystallex en Delaware, analizando la tesis del «alter ego» que hoy permite a los acreedores intentar ejecutar sus sentencias contra Citgo. Es una ironía amarga que el diseño de la estrategia para proteger la empresa haya quedado en manos de quien ayudó a cimentar la base legal para que la perdiéramos.

En enero de 2026, la subasta de Citgo en los tribunales de este estado avanza de forma implacable, alimentada por una fractura interna en la oposición que envió señales contradictorias al juez Stark, debilitando la posición del país en el peor momento posible.

La situación del secreto fiscal en Delaware, sin embargo, podría estar enfrentando su primer gran desafío histórico con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). Esta norma exige que las empresas informen sobre sus beneficiarios efectivos —aquellos que poseen el 25% o más de las acciones—, un intento de las autoridades federales por recuperar el control sobre un registro que siempre ha sido potestad de los estados.

Pero Delaware es un sistema resiliente; aunque se elimine el anonimato total, seguirá ofreciendo el «Delaware loophole«, ese vacío legal que permite a las compañías transferir sus activos intangibles a subsidiarias locales para evitar impuestos corporativos en otros estados.

¿Quién vive de verdad allí? Biden, JPMorgan, Amazon. Pero también testaferros, testigos mudos, Contratos que nunca se firman con nombre real. Y mientras, los empleados de una fábrica en Maracaibo pagan sus impuestos todos los meses. Con recibo, con sudor, con la certeza de que el Estado sabe sus nombres.

A veces me quedo mirando el parpadeo de las luces de la plaza, pensando en ese hombre de las palomas y preguntándome si él sabe que bajo sus pies se mueven billones de dólares en transacciones que nadie ve. Mañana volveré a revisar los cables de la FinCEN y los últimos fallos de la Corte de Equidad, buscando algún rastro de los 42.000 millones de dólares que Transparencia Venezuela dice que se perdieron en irregularidades.

El viento ha empezado a soplar con más fuerza y el silencio de las oficinas de registro parece burlarse de nuestra necesidad de justicia. La pregunta que me persigue no es si Delaware cambiará, sino cuánto de lo que ya se perdió se quedará para siempre enterrado en sus archivos protegidos.

Al final, la transparencia es una luz que tarda mucho en llegar a los rincones donde el poder se escribe con tinta invisible.