Colombia al filo: 252 mil hectáreas y un asombroso despojo

Argenis tenía las manos manchadas de una resina oscura que no salía ni con jabón de lavar ropa, una marca pegajosa que delataba su oficio mucho antes de que se atreviera a abrir la boca. Lo conocí en un rincón perdido de la frontera, años antes de mi salida obligada hacia el norte, y hoy, mientras reviso estos reportes bajo la luz pálida de mi oficina en San Antonio, su imagen vuelve con una fuerza que me revuelve el café. Las cifras de las Naciones Unidas son un puñetazo: tenemos a colombia al filo de un abismo estadístico con 252.000 hectáreas de coca sembradas en el último año.

Es un número extraordinario que triplica lo que veíamos hace apenas una década, demostrando que la famosa guerra contra las drogas no ha sido más que un ejercicio de futilidad financiado con sangre ajena. Honestamente, todos lo sabemos, pero ver en blanco y negro que el país produce el 70% de la cocaína que circula por el mundo duele de una forma que la retórica oficial no logra maquillar.

La verdad es que, para tipos como Argenis, la estadística es un lujo inalcanzable. De cada diez dólares que un consumidor paga por un gramo procesado en una calle de Nueva York, a él, que se deja la espalda bajo el sol raspanado la hoja, apenas le caen diecinueve centavos en el bolsillo. Es una miseria que sostiene un engranaje de miles de millones.

Pero en el fondo, la coca no es una elección; es el único refugio para comunidades rurales a las que el Estado solo visita con el ruido de los helicópteros de fumigación. Me contaba un colega, creo que se llama Julián o algo así, que la desigualdad en el campo es tan asombrosa que el 1% de los propietarios posee el 81% de la tierra productiva. Y entonces, ¿qué se le puede pedir a un campesino que solo tiene hambre y una semilla que sí tiene mercado?

La red invisible de colombia al filo

Bueno… las cosas han cambiado radicalmente desde los tiempos en que los capos se construían zoológicos privados y retaban al Estado en televisión abierta. Ahora estamos en lo que los investigadores llaman la cuarta generación del crimen organizado, un modelo en red que ha aprendido a ser invisible para ser más efectivo. Ya no hay una sola cabeza que cortar; si capturan a un cabecilla en el Urabá o en el Catatumbo, la red simplemente se reconfigura y lo reemplaza en cuestión de horas.

Estructuras como el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC ya no buscan el control total de la ruta hacia Estados Unidos; prefieren actuar como proveedores especializados, delegando el riesgo del transporte internacional a los carteles mexicanos o a las mafias que operan en los puertos europeos. Es un reciclaje criminal que hace que la violencia sea, en realidad, una herramienta de gestión interna más que un mensaje político.

Recuerdo el olor rancio de las redacciones en Caracas, ese aroma a papel viejo y miedo contenido que te sigue a todas partes. En Colombia, ese miedo es el pan diario de los líderes sociales que intentan defender la sustitución voluntaria. Según los datos que manejo, el 75% de los excombatientes asesinados tras el acuerdo de 2016 cayeron en zonas rurales donde la coca es la única ley que se cumple.

Es una masacre silenciosa que ocurre mientras en Bogotá se sigue discutiendo sobre el glifosato como si fuera agua bendita. La verdad es que aplicar una dosis cuatro veces superior a la permitida en la agricultura comercial no solo mata la mata de coca; mata el agua, enferma a los niños y causa abortos que nadie documenta en los informes de seguridad nacional.

A veces, en estas tardes de Texas donde el calor me recuerda a las jornadas pesadas de la costa, me pregunto si Argenis seguirá vivo o si se lo terminó tragando la manigua. O si simplemente cambió de patrón, porque en este negocio los dueños son lo de menos. Lo que importa es el flujo…

La verdad es que el narcotráfico ha sido el pegamento que ha mantenido unidos los conflictos del país, financiando masacres que han desplazado a casi dos millones de personas en quince años. El impacto humano es una catástrofe social que la diplomacia de Washington suele ignorar cuando pide más interdicción. En las ciudades, el rastro de la guerra es igual de sucio; tras la caída de los grandes carteles, Medellín vio proliferar unas 138 bandas criminales de jóvenes que se matan por el control de una cuadra o una «olla» de microtráfico. Es un laberinto donde el derecho a la vida se detiene ante el sonido de una moto.

El asombroso despojo institucional

Pero el despojo no es solo de tierras o de vidas. Es un asalto sistemático a las instituciones. Todos lo sabemos, pero se nos olvida: en 2006, el 35% de los senadores colombianos estaban bajo investigación por sus vínculos con el narcoparamilitarismo. No eran víctimas; eran socios que usaron el dinero del polvo blanco para comprar curules y silenciar a la oposición.

Fue el momento más crudo de la «parapolítica», una colusión que demostró que el Estado puede estar, a veces, del lado equivocado del retén. Y mientras tanto, los grandes capitales fluyen por canales que parecen limpios. Se estima que en una década se sustrajeron sistemáticamente 7,2 billones de pesos de bancos estatales, una corrupción que el propio Fiscal General llamó más peligrosa que cualquier grupo armado.

Honestamente, la pregunta que me queda colgando en este exilio es cuántas hectáreas más tendremos que contar antes de entender que la prohibición es el motor del caos. La Comisión Global de Política de Drogas ha sido clara: el paradigma prohibicionista ha fracasado rotundamente. Proponen transitar hacia una regulación legal que le quite el poder a las mafias y le devuelva la dignidad al campesino.

Pero la presión internacional sigue anclada en un modelo de «mano dura» que solo ha servido para que los cultivos se muevan de una región a otra en un eterno efecto globo. Si fumigas en el Putumayo, la coca aparece en Nariño o en el Chocó, y el ciclo de violencia vuelve a empezar.

Bueno… hace unas semanas, o quizás fue el año pasado, leí que el costo de erradicar una sola hectárea con glifosato es de unos 2.400 dólares. Hagan la cuenta con 252.000 hectáreas de coca. Es una montaña de dinero que podría estar construyendo escuelas, puentes y hospitales, pero que termina convertida en una nube de veneno que cae sobre gente que no tiene nada que perder.

En realidad, es una hipocresía que nos cuesta la vida de cientos de líderes asesinados por creer en la paz. Al final, lo que queda es la imagen de un niño de diez años cargando un fusil en una zona de conflicto, custodiando un laboratorio en la nada mientras en una oficina de cristal se discuten los decimales de una ley que nadie va a cumplir.

Porque si el Estado no llega a donde la coca manda, la guerra seguirá siendo la única verdad que conocen los que están en la base.

La verdad es que, cuando el monitor se apaga y solo queda el reflejo de mi cara cansada en el cristal, entiendo que colombia al filo no es solo un titular; es el destino de un pueblo que se niega a rendirse ante la sombra.