El reconocido rastro de Lava Jato tras 11 años de coimas

Camino por un sendero serpenteante en un parque de Bethesda, Maryland, mientras una neblina densa borra las copas de los robles. El frío es húmedo, de ese que se te mete en los huesos y te hace extrañar el sol inclemente de Caracas, pero aquí el silencio es distinto; es un silencio cargado de una tensión que se respira en cada rincón de esta zona, donde se siente la sombra de los que manejan los hilos del mundo.

Me detengo frente a un banco de madera mojado y saco el teléfono para revisar los últimos reportes sobre la operación lava jato, ese cataclismo que nació en una modesta gasolinera de Brasilia y terminó por descoser el disfraz de honestidad de media docena de gobiernos en el continente. No informo sobre esto para que alguien guarde una fecha; lo hago para testificar sobre cómo un esquema de sobornos sistemáticos terminó por convertir la infraestructura de nuestros países en un cementerio de elefantes blancos y esperanzas rotas.

Aquel nombre, que hoy suena a pieza de museo pero que sigue doliendo, surgió de una investigación aparentemente menor en 2014 bajo la supervisión del juez Sergio Moro. Al principio, parecía un caso de lavado de dinero local, pero al tirar del hilo apareció una maraña de contratistas y políticos que se repartían Petrobras como si fuera una herencia familiar.

Era una arquitectura del secreto donde las empresas pagaban porcentajes fijos, de entre el 1 % y el 3 % de los contratos, para asegurar licitaciones que ya estaban decididas antes de abrirse. En realidad, estábamos ante una corrupción estructurada y sistemática, un sistema donde la interdependencia de los elementos hacía que el robo funcionara con la precisión de un reloj suizo.

La desconfianza se volvió la única moneda con valor real en las redacciones. Recuerdo haber leído sobre el «Cartel de Empreiteiros«, esas 13 constructoras que pactaron no competir para repartirse los fondos del plan nacional de infraestructura en Brasil. El costo fue brutal. Solo en el gigante del sur, se estima que los montos desviados podrían haber alcanzado hasta 15,000 millones de dólares, aunque si contamos la sobrefacturación, la cifra escalaría por encima de los 50,000 millones. Honestamente, era una inversión total de valores donde los que debían cuidar el dinero público se servían de él con bolígrafos de oro, mientras las consecuencias de ese saqueo todavía se sienten en la economía que se redujo año tras año.

El rastro de lava jato en las selvas heridas

Lo que más me pesa de este recuento es recordar cómo la ambición de unos pocos terminó por cicatrizar la Amazonía. Pienso, por ejemplo, en esa carretera, la Interoceánica Sur, que se vendió como un puente de progreso financiado por bancos multilaterales y terminó siendo un grillete de deuda para el Estado peruano. Los números nunca cuadraron del todo; el presupuesto inicial de 1,200 millones de dólares se duplicó para cuando terminaron la obra, dejando una factura que el Perú todavía está pagando hoy día.

A Alejandro Toledo, que mandaba en ese entonces, le pusieron el dedo encima por recibir, no sé si fueron 20 o 35 millones de dólares de Odebrecht para que se quedaran con la licitación. Es una mancha que no sale: cuatro hombres que ocuparon el sillón presidencial terminaron bajo la lupa de la justicia, con Toledo encarcelado y otros como Humala o Kuczynski bajo arresto domiciliario.

La tragedia peruana tiene un rostro que aún estremece: el de Alan García, quien tomó la decisión drástica de dispararse en 2019 antes de ser detenido. Eran sombras de un poder que se creía intocable. Incluso proyectos como el Gasoducto Sur Peruano, valorado en más de 7,000 millones de dólares, terminaron cancelados entre acusaciones de sobornos que involucraban hasta a directivos de Petroperú. La justicia peruana ha sido tenaz, logrando unas 74 sentencias, muchas gracias a la colaboración eficaz de quienes decidieron hablar para no hundirse solos, pero el camino ha sido de todo menos fácil.

En la Amazonía brasileña, el rastro de la rapiña es igual de profundo. El sistema de gasoductos Urucu-Coari-Manaus fue escenario de coimas que sumaron 15 millones de reales en contratos que superaban los 1,500 millones. Alguna vez escuché que un ingeniero denunció que las sobrefacturaciones llegaban al 50 % del presupuesto, pero la obra siguió adelante, dejando un impacto social y ambiental que nadie evaluó con rigor. Es asombroso cómo el modelo de asociación público-privada, promovido como la solución para el desarrollo, terminó convirtiéndose en una trampa de deuda soberana que priorizó el lucro de empresas como Odebrecht —ahora llamada Novonor— sobre el bienestar de las comunidades.

El sistema contraataca y el legado en vilo

Hoy, sin embargo, el viento ha cambiado de dirección y el caso parece tambalearse bajo el peso de las maniobras políticas. En Brasil, el Tribunal Supremo decidió anular las condenas de Lula da Silva, argumentando que la justicia de Curitiba no tenía jurisdicción y que Sergio Moro no fue imparcial al juzgarlo. Fue un golpe mortal a la imagen de la operación. Aquellos mensajes filtrados en la ‘Vaza Jato‘ revelaron una cercanía indebida entre jueces y fiscales que terminó por manchar años de investigación. Bruno Brandão, de Transparencia Internacional, dice que las instituciones siempre sufren una reacción abrumadora cuando intentan cruzar la frontera de la impunidad de los poderosos.

En Perú, la situación no es menos compleja. Un fallo reciente del Tribunal Constitucional ha golpeado la estructura del caso al desestimar que los aportes de campaña no declarados antes de 2016 constituyan lavado de activos. Esto le abre la puerta a políticos como Keiko Fujimori u Ollanta Humala para pedir la revisión de sus causas.

El equipo especial, dirigido por el fiscal Rafael Vela, se encuentra en un momento crítico, tratando de sostener el núcleo del caso sobre las pruebas de sobornos directos por obras, como los 8 millones de dólares que se pagaron por el Metro de Lima. Es una carrera contra el tiempo y contra un sistema que ha aprendido a defenderse con leyes de abuso de autoridad diseñadas para cohibir a los investigadores.

Incluso en Ecuador, la historia se repite. Odebrecht negoció su regreso en 2010 sobornando al vicepresidente con más de 33 millones de dólares para asegurar contratos de refinerías y otros megaproyectos. Al final, Rafael Correa terminó condenado en ausencia y vive exiliado en Bélgica, mientras el país intenta recuperar los pedazos de su institucionalidad.

Bolivia también tuvo sus roces, con la empresa OAS intentando construir una carretera a través del TIPNIS que quedó en suspenso tras la resistencia de los pueblos indígenas. El hilo conductor es siempre el mismo: dinero con esteroides inyectado en proyectos que nadie necesitaba realmente, pero que servían para aceitar la maquinaria de los partidos.

Me detengo un momento frente a un roble inmenso y guardo el teléfono. Me pregunto si alguna vez dejaremos de vivir a la sombra de este sistema que se regenera con tanta facilidad. Rodrigo Janot, que fue procurador general en Brasil, advertía que sin una autonomía real y una cooperación internacional sin interferencias del Ejecutivo, estamos condenados a repetir el ciclo.

Sigo caminando por el parque de Bethesda, pensando en que la verdad de lo que ocurrió con esos billones de dólares todavía está siendo desenterrada en archivos que muchos preferirían quemar. La justicia, en el fondo, sigue siendo una frase que se queda colgando en el aire, interrumpida por un fallo judicial o por un decreto que nadie vio venir.