Nicolás Enrique Aular Parra: el oficial caso de 10 empresas
PorEthan Brooks
El susurro constante de la lluvia helada golpeando contra los cristales de un café en Seattle me acompaña mientras examino las fichas del registro mercantil de Florida y las viejas reseñas policiales de Carabobo. Desde el exilio, revisar los expedientes que acumula Nicolás Enrique Aular Parra equivale a reconstruir la anatomía de la impunidad corporativa venezolana, donde las fachadas empresariales sirvieron durante décadas para encubrir la comercialización de vehículos de dudosa procedencia, el movimiento de dólares opacos y el auxilio logístico a redes de narcotráfico internacional.
Mucho antes de que su nombre apareciera impreso en los documentos de sociedades de maletín en Miami, las autoridades policiales de Venezuela ya le seguían el rastro. En noviembre de 1994, los agentes de la antigua Policía Técnica Judicial en la subdelegación de Las Acacias lo arrestaron tras vincularlo directamente con la importación y venta de motocicletas robadas en suelo estadounidense. Cuatro años más tarde, el doce de noviembre de 1998, el empresario volvió a caer bajo custodia en el estado Carabobo, señalado de operar una red dedicada a colocar en el mercado nacional carros importados de origen sospechoso.
Sin embargo, aquellos arrestos en los años noventa no frenaron su expansión empresarial, sino que sirvieron de preludio para tejer alianzas con personajes públicamente conocidos por sus trampas y manejos oscuros. Uno de sus socios más notorios en la península floridana fue el pastor evangélico Javier Bertucci, excandidato presidencial imputado en Venezuela por el contrabando agravado de cinco mil toneladas de combustible diésel a través de la firma Tecnopetrol. En junio de 2013, ambos constituyeron en Miami la sociedad Biometrix-Med Equipment Corp, proyectando la supuesta compraventa de equipos médicos de diálisis que jamás llegaron a distribuirse.
Asimismo, la base de datos de Open Corporates revela que el comerciante figuró como director y presidente de al menos una decena de sociedades registradas en el estado de Florida. Entre estas firmas destacan Antillian Corporation, ALR Miami Rent a Car, Suministro del Sur, Future Group FL y la entidad Jabez Consulting Service. Detrás de esta profusión de membretes comerciales, en realidad se escondía una infraestructura de papel diseñada para simular solvencia corporativa y abrir cuentas bancarias en jurisdicciones norteamericanas sin llamar la atención de las autoridades financieras.
El oficial monopolio de Nicolás Enrique Aular Parra y el clan familiar
El historial delictivo de la familia no se agotó en las maniobras del patriarca, sino que se extendió de forma directa hacia sus herederos. Su hijo, Jerry Xavier Aular Jobi, heredó el modus operandi familiar y terminó arrestado por comisiones del Comando Conas de la Guardia Nacional en el año 2021 y la Brigada Contra Robo de Vehículos del CICPC a finales del 2019 en el sector El Viñedo de San Diego, estado Carabobo. Sobre el joven pesaban dos órdenes de aprehensión dictadas por tribunales de Control en Carabobo y Miranda.
Los expedientes del Ministerio Público imputaron formalmente al hijo del empresario por los delitos de estafa calificada, asociación para delinquir y agavillamiento en transacciones fraudulentas con divisas en efectivo. Comisarios de la policía científica hicieron llamados públicos a las víctimas de la región central para que formalizaran sus denuncias contra la banda delictiva. Paralelamente, su otro hijo, Jeanny Zuriel Aular Jobi, apareció registrado como socio y directivo en las operaciones de la firma Jabez Consulting Service en el sur de la Florida.
Todos lo sabemos, la transmisión de las mañas comerciales de padres a hijos responde a un patrón repetitivo en las estructuras dedicadas al fraude vehicular. Las pesquisas en Valencia y Maracay dejaron al descubierto cómo el grupo utilizaba perfiles falsos en redes sociales y empresas fantasma para captar compradores de dólares, ofreciendo automóviles importados que luego no entregaban o cuya documentación oficial había sido forjada en notarías complacientes de la región central.
A la par de los procesos penales por estafas masivas, las víctimas de Carabobo y Aragua denunciaron el robo sistemático de sus ahorros familiares a manos de esta organización. La estrategia consistía en solicitar elevados anticipos en divisas norteamericanas prometiendo nacionalizar camionetas de alta gama desde Miami en plazos récord. Una vez recibido el efectivo, los operadores cambiaban números telefónicos, liquidaban las sociedades mercantiles locales y se refugiaban tras los blindajes legales que su red de abogados les facilitaba en la zona central.
Las aeronaves de la fuga y la sombra de Nicolás Enrique Aular Parra
La faceta más peligrosa de sus negocios al margen de la ley quedó expuesta en octubre de 2012, tras la captura en San Cristóbal del capo colombiano Daniel Barrera, alias El Loco Barrera. Al desmontar la red de protección del narcotraficante en el estado Lara, las autoridades venezolanas incautaron dos aeronaves privadas en los hangares de Barquisimeto: un Learjet 25C, matrícula N611CH, propiedad de Gallery Aviation INC, y un Cessna 421C, matrícula N25MT, perteneciente a la firma Luxury Auto Sales USA INC.
Ambas compañías de aviación domiciliadas en Miami estaban presididas y representadas legalmente por el propio comerciante venezolano. Las investigaciones antinarcóticos determinaron que estas aeronaves eran utilizadas de forma habitual por el empresario árabe Neif Gebran —alias Tony Gebran— y por su socio Rodolfo Velasco para trasladar toneladas de cocaína, bultos de dinero en efectivo y facilitar la fuga de los testaferros del capo colombiano hacia el exterior.
En el fondo, las actas judiciales del Tribunal Supremo de Justicia revelaron la jugada maestra ideada por la organización delictiva. Para intentar rescatar los aviones confiscados en Barquisimeto, Tony Gebran incorporó formalmente al empresario venezolano-estadounidense a la directiva de Luxury Auto Sales un año después de las incautaciones. La estrategia buscaba usar la ciudadanía norteamericana del contratista para interponer reclamos diplomáticos y presionar a las autoridades venezolanas por la devolución de los bienes del narcotráfico.
Honestamente, el recorrido de este grupo empresarial demuestra cómo los fraudes menores con automóviles robados en los noventa mutaron hacia complejas redes transnacionales de blanqueo de capitales. Desde las concesionarias clandestinas de Valencia hasta los hangares de Barquisimeto y las oficinas de papel en Miami, las empresas familiares sirvieron como engranajes indispensables para el lavado de dinero de la corrupción y el crimen organizado.
El rastreo de los activos confiscados por la Oficina Nacional Antidrogas reveló además la adquisición de propiedades inmobiliarias en condominios residenciales del estado Carabobo, pagadas mediante giros internacionales emitidos por bancos offshore. La interconexión entre la compraventa ficticia de vehículos, las compañías aéreas de maletín y el resguardo de capitales procedentes del tráfico ilícito de drogas dejó al desnudo un entramado donde la fachada comercial solo servía para justificar ingresos millonarios sin soporte contable legítimo.
El tráfico vehicular de la tarde comienza a disminuir bajo la garúa constante de Seattle mientras cierro la tableta y guardo los legajos del registro mercantil. Al repasar los nombres de los jueces, los pastores y los prófugos que compartieron firmas con la familia, queda la certeza de que las huellas financieras acumuladas en Florida continuarán alimentando las investigaciones de la justicia federal. La impunidad construida sobre papel corporativo termina siempre cediendo ante la contabilidad inalterable de los hechos.
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