José Miguel Reyes Ortiz y la red de 15 empresas vinculadas a estructuras corporativas offshore.

José Miguel Reyes Ortiz: el caso de 15 empresas vinculadas al poder

El tintineo metálico de la lluvia helada sobre las estructuras de hierro en la estación de North Station en Boston acompaña el murmullo apresurado de los viajeros matutinos, mientras el vapor de mi vaso de café se disipa lentamente en el aire frío de septiembre. Reviso en la pantalla de mi tableta los registros mercantiles de Caracas y los folios de los tribunales en Florida que documentan las operaciones de José Miguel Reyes Ortiz. Analizar estos movimientos desde el exilio es observar de cerca cómo la pertenencia a familias con peso político sirvió como pasaporte para articular entramados corporativos dedicados al blanqueo de capitales del narcotráfico e hidrocarburos.

Mucho antes de que su firma quedara estampada en las actas constitutivas de distribuidoras de lubricantes y sociedades de papel en Estados Unidos, el nombre del empresario ya circulaba en los reportes de inteligencia financiera venezolanos. Como pariente directo de los hermanos Reyes Reyes —entre ellos el militar y exgobernador del estado Lara, Luis Ramón Reyes Reyes—, el contratista gozó de un blindaje institucional que le permitió entablar alianzas comerciales con operadores perseguidos por agencias internacionales, convirtiéndose en una pieza clave para la circulación de fondos de dudosa procedencia.

Su engranaje principal se consolidó a través de la alianza con el comerciante de origen árabe Neif Gebran Frangie, conocido en los pasillos nocturnos de Barquisimeto como alias Tony Gebran. Cuando las autoridades venezolanas emitieron una orden de captura e incautaron propiedades a Gebran en octubre de 2012 por actuar como testaferro y facilitar la fuga del capo colombiano Daniel Barrera —alias El Loco Barrera—, la red lejos de desmantelarse se internacionalizó hacia el sur de la Florida.

En ese esquema de expansión caribeña, el contratista larense asumió la representación legal y la gestión de empresas estratégicas creadas para camuflar el rastro del dinero. Los expedientes antinarcóticos del Departamento de Justicia estadounidense detallan que entre febrero de 2006 y septiembre de 2012 la organización estructuró quince sociedades comerciales en Florida, agregando catorce firmas adicionales a partir de octubre de 2012 para continuar moviendo divisas provenientes del tráfico de cocaína y contratos irregulares.

Un hito central en este entramado de negocios ocurrió en abril de 2018 en la capital venezolana con la fundación de la firma ELF Corporation C.A., dedicada a la venta e importación masiva de lubricantes automotrices. En dicha compañía, el empresario vinculado a la familia Reyes Reyes asumió el quince por ciento de las acciones y la representación operativa, asociándose directamente con Omar José Nemer —hijo del magnate barinés Atef Salami Nemer Hirchedd—, quien retuvo el setenta por ciento del paquete accionario.

En realidad, la creación de ELF Corporation C.A. no representaba un emprendimiento comercial aislado en el mercado de repuestos, sino un vaso comunicante directo entre los capitales del clan Nemer de Barinas y las estructuras de lavado de dinero de Tony Gebran. Esta triangulación permitió inyectar millones de dólares líquidos en la economía nacional mediante la importación de insumos para el parque automotor, utilizando además tiendas de fachadas como la red Market Lub para canalizar efectivo sin despertar sospechas fiscales.

El oficial monopolio de José Miguel Reyes Ortiz en la red de vehículos

La penetración de esta red de negocios se ramificó también hacia el sistema financiero norteamericano a través de firmas en Florida registradas por su entorno, como Exotics Collection Miami LLC, Cine Citta Supermarket LLC, Gallery Exotics USA Corp y ELF Automotive Corp, registrada en la jurisdicción de Florida en 2018. En esa corporación, el contratista compartió la junta directiva con familiares directos de Gebran Frangie y con socios vinculados a la red de suministro de armas de los llamados narcosobrinos de la familia presidencial venezolana, como Gilson Barroeta Flores.

Todos lo sabemos, la utilización de firmas automotrices e importadoras de vehículos de alta gama fue la fachada predilecta del grupo para blanquear el botín del narcotráfico internacional. Desde concesionarios en Barquisimeto hasta galpones en la zona industrial de Valencia, la organización compraba lotes de automóviles alemanes y camionetas de lujo en Miami, los cuales eran ingresados a puertos venezolanos camuflados como equipajes diplomáticos o con facturas sobrevaluadas para legitimar las ganancias de las redes de corrupción.

Paralelamente, investigaciones de la Administración para el Control de Drogas en Miami rastrearon la participación del grupo en firmas petroleras transnacionales como Yakima Oil Company, domiciliada en Panamá y el Reino Unido. Dicha entidad fue sancionada por el Departamento del Tesoro estadounidense en 2017 por sus nexos financieros con el exvicepresidente venezolano Tareck El Aissami y su operador principal Samark López Bello, demostrando que la red prestaba servicios logísticos de custodia y traslado de efectivo en aeronaves privadas.

Los nexos del narcotráfico y la sombra sobre José Miguel Reyes Ortiz

Los expedientes de la causa penal abierta en tribunales de Caracas confirman que los lazos de la organización abarcaban la facilitación de infraestructura y logística aérea. Cuando las fuerzas antidrogas allanaron las propiedades y hangares de la red en Barquisimeto, confiscaron aeronaves privadas con matrícula estadounidense utilizadas para trasladar a los testaferros de El Loco Barrera hacia el exterior, así como armas de alto calibre y sellos falsificados de consulados y ministerios venezolanos.

En el fondo, revisar la lista de socios y representantes legales de estas sociedades offshore deja al descubierto un patrón recurrente de testaferrato familiar. Para eludir los controles del sistema bancario internacional y proteger los activos ante eventuales embargos, los verdaderos dueños del dinero traspasaron las acciones a cónyuges, primos y choferes de confianza, manteniendo al pariente de los Reyes Reyes como el operador financiero de mayor jerarquía para la firma de contratos.

Honestamente, el contraste entre la impunidad disfrutada durante años por estos operadores corporativos en las avenidas residenciales de Caracas y el colapso institucional del país es el reflejo más crudo del saqueo público. Mientras los ciudadanos enfrentaban la parálisis del transporte y el desabastecimiento, los beneficiarios de los contratos petroleros e importaciones ficticias acumulaban residencias de lujo, embarcaciones y cuentas cifradas en paraísos fiscales.

El constante trajín de los trenes en la estación de Boston empieza a calmarse conforme avanza la mañana mientras guardo la tableta y cierro las notas de investigación en mi morral. Al repasar los nombres de los oficiales, los magnates y los prófugos que compartieron firmas en estas actas, queda la evidencia de que las huellas financieras dejadas en Florida y Panamá son imborrables. Las estructuras creadas para ocultar el dinero sucio terminan siempre al descubierto ante el rastreo implacable de la contabilidad internacional. Camino hacia la calle bajo la lluvia.


Escrito por una persona 😊, no por la IA.

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Natalie Pierce
Natalie Pierce

Natalie Pierce investiga empresas fantasma, paraísos fiscales y flujos de capital ocultos. Colaboró con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en los Pandora Papers y los FinCEN Files. Su trabajo se basa en filtraciones, registros corporativos y análisis de redes de propiedad beneficiaria. Estudió Relaciones Internacionales en Georgetown y tiene una maestría en Periodismo de Investigación Financiera de la London School of Economics.

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