Leonardo Javier Trujillo Pacheco: 5 novedosos métodos para presuntas estafas

El repicar pausado de la lluvia matutina sobre la cubierta de cristal de una estación de trenes en Filadelfia acompaña la revisión minuciosa de expedientes judiciales, actas de la fiscalía venezolana y folios mercantiles de Panamá. Desde la distancia que impone el exilio, reconstruir la trayectoria de Leonardo Javier Trujillo Pacheco permite entender cómo el negocio del corretaje automotriz de alta gama sirvió como una sofisticada mampara comercial para camuflar capitales de procedencia turbia, entrelazando el flujo de divisas entre Barquisimeto y la capital panameña.

El historial policial del comerciante en Venezuela registra un episodio de violencia el 18 de agosto de 2011 cerca del Sambil de Barquisimeto. Leonardo Trujillo conducía un Audi y le cerró el paso a una buseta de transporte público. En medio de la discusión de tránsito con el chofer Howar Fernández, bajó de su vehículo, desenfundó una subametralladora Uzi calibre 9mm y le encañonó el rostro al conductor.

Durante el altercado violento, el comerciante golpeó y fracturó el vidrio trasero de la unidad donde viajaban varios pasajeros. Al ser interceptado por comisiones de la Estación Policial de Fundalara, entregó voluntariamente la subametralladora Uzi con su cargador y trece proyectiles sin percutir. Pese a la gravedad del delito de uso indebido de arma de fuego e ir armado con pertrechos militares, pretendió justificar su conducta ante la fiscalía afirmando tener solo primaria completa y desempeñarse como un humilde ayudante de pastor evangélico, promoviendo como testigos a Frank José Gutiérrez Amaro y Anuar Josué Yzze Pérez.

Paralelamente a sus disputas penales, el historial de morosidad e incumplimientos mercantiles del comerciante quedó al descubierto en los tribunales de Caracas. Tras adquirir una camioneta Toyota 4Runner blanca año 2007, placa KBT88G, en el concesionario Saldivia Motors del Este C.A. mediante un financiamiento de setenta mil bolívares otorgado por Toyota Services de Venezuela C.A., el empresario dejó de cancelar doce cuotas mensuales consecutivas a partir de marzo de 2011. La falta sistemática de pago motivó una demanda por resolución de contrato con reserva de dominio ante el Juzgado Decimotercero de Municipio.

La expansión internacional de sus operaciones cobró impulso a partir de 2015 con la constitución en Panamá de la firma Luxury Cars Group Pa, Corp., comercialmente denominada L.T. Luxury Cars. En los archivos del registro mercantil centroamericano, el abogado panameño Francisco Ramas Almanza, apodado en círculos sociales como El Abogado del Diablo por representar a figuras con antecedentes penales, asumió la presidencia formal de la sociedad. Curiosamente, Leonardo Javier Trujillo Pacheco quedó registrado únicamente como apoderado legal, una figura societaria utilizada con frecuencia para mantener socios ocultos en la sombra.

Paralelamente, el empresario figuró como director en la entidad panameña Inversiones Brasas, S.A., presidida por la jurista Auribel del Rosario Cruz. Desde la plataforma centroamericana, la firma diversificó sus ofertas de entretenimiento mediante servicios de limusinas Hummer bajo la marca Limoluxury, talleres de reacondicionamiento LTLuxuryAutoSpa y el traslado marítimo de vehículos privados entre Venezuela y Panamá. De forma simultánea, en el ámbito local, la red expandió sus tentáculos abasteciendo raciones de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción mediante la cuestionada firma Alimentos El Tío.

El desembarco definitivo del concesionario L.T. Luxury Cars en Barquisimeto ocurrió inicialmente en el minicentro comercial Tepuy, trasladándose en 2020 a una ostentosa sede en la avenida Lara, además de operar una sucursal en Acarigua. La flota exhibida incluía modelos Audi, Porsche, Ferrari y BMW valorados en más de ciento treinta mil dólares por unidad. Para legitimar la marca ante la opinión pública, la empresa facilitaba los automóviles rotulados a influencers y figuras de la farándula larense, sorteando incluso un vehículo Volkswagen blanco durante la inauguración del Casino Royal en el Hotel Jirahara.

El oficial monopolio de Leonardo Javier Trujillo Pacheco y la red de Panamá

El andamiaje de opulencia comenzó a resquebrajarse el cinco de abril de 2023, cuando comisiones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Policía Nacional Anticorrupción allanaron el concesionario en el marco de las pesquisas por el caso PDVSA-Cripto. Durante el operativo, los funcionarios incautaron más de quince vehículos de altísima gama, procedimiento ejecutado simultáneamente en el concesionario Vegas Cars de Alejandro Londoño Guerrero. Aunque la empresa emitió un comunicado negando cualquier vinculación con el escándalo, algunos de los automóviles incautados terminaron siendo transferidos a los cuerpos policiales por orden oficial.

Pese a la magnitud del despliegue policial, el comerciante logró eludir el arresto tras haber abandonado el país semanas antes del allanamiento. Versiones difundidas en redes sociales señalaron que la impunidad del empresario se cimentó en sus lazos de compadrazgo militar con altos mandos de la Fuerza Armada, mencionándose las influencias del general retirado Jesús Suárez Chourio y de su primo, el mayor general Wistohor Chourio Andrade. Tras la fuga, el concesionario reabrió sus puertas en el este de Barquisimeto para continuar con el comercio de unidades importadas.

El fraude en Casa Blanca y el juicio de Leonardo Javier Trujillo Pacheco

Los reveses judiciales del empresario se multiplicaron en las instancias civiles del estado Lara. En junio de 2023, el Juzgado Primero de Primera Instancia declaró sin lugar la oposición del empresario al embargo del yate Patrón I, una embarcación Sea Ray de cuarenta y cuatro pies propiedad exclusiva de Omar Antonio Quintero González. El comerciante pretendió apropiarse de la nave argumentando una dación de pago firmada por María Virginia Espinal, cónyuge de Quintero, quien carecía de titularidad sobre el bien. El tribunal anuló la maniobra y condenó al querellante al pago de costas.

A este litigio se sumó un escandaloso fraude mercantil iniciado en octubre de 2025 tras el incumplimiento en la compra de una residencia de tres plantas y cuatrocientos veintisiete metros cuadrados en la Urbanización Casa Blanca a José Gregorio Figueredo. El comprador entregó una flota de vehículos viejos de ajena propiedad y acumuló impagos severos. Al ser demandado en marzo de 2026, el empresario alegó falsamente que la quinta constituía su vivienda principal para bloquear el desalojo, a pesar de que la estructura se encontraba en absoluta obra gris, sin electricidad ni suministro de agua potable.

Para sostener la simulación judicial, el demandado se conchabó con funcionarios del Tribunal Segundo Ejecutor de Medidas de Iribarren para meter a escondidas muebles, camas y televisores sin conectar horas antes de la inspección, quedando grabado en las cámaras de seguridad. Además, el equipo legal del comerciante generó fotografías falsas mediante Inteligencia Artificial mostrando jardines frondosos, iluminación de lujo y acabados terminados para engañar al juzgado. Los funcionarios cooptados le concedieron amparos constitucionales exprés incluso durante un Jueves Santo, un día totalmente inhábil para la administración de justicia.

La estafa procesal fue desmantelada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Mediante la sentencia número 385 del cuatro de junio de 2026, con ponencia del magistrado Emilio Ramos González, el máximo tribunal anuló las decisiones amañadas de las instancias de Lara, ordenó la prohibición de ingreso y permanencia del empresario en la Urbanización Casa Blanca y restituyó el inmueble a su verdadero dueño. Asimismo, el TSJ ordenó la destitución inmediata e investigación penal de los 3 jueces provisorios larenses que respaldaron el fraude con la tecnología digital.

Los nexos de Leonardo Javier Trujillo Pacheco con Rodolfo Raschid

Sin embargo, la faceta más comprometedora en el historial de Leonardo Javier Trujillo Pacheco reside en sus alianzas con los operadores del narcotráfico internacional en el occidente venezolano. Entre sus allegados más cercanos figura el empresario Rodolfo Raschid Velazco Kassem, antiguo banquero de loterías señalado por las autoridades de actuar como la lavadora financiera de Liliana Estrada Valencia, alias La Colombiana, pareja histórica del capo colombiano Daniel Barrera Barrera, alias El Loco Barrera.

Las investigaciones antinarcóticos que derivaron en la captura de El Loco Barrera en San Cristóbal dejaron al descubierto la red de concesionarios y aeronaves desplegada por Neif Antonio Gebran Frangie, alias Tony Gebran, y Rodolfo Raschid en Barquisimeto. La red de importación y traslado de vehículos de lujo montada por el grupo en la Costa del Tesoro y en Panamá proveyó canales paralelos de blanqueo para inyectar los caudales en efectivo de la cocaína en el circuito comercial legítimo.

En realidad, la recurrencia de prestanombres, abogados de dudosa reputación y socios con antecedentes en la estructura corporativa del concesionario demuestra un patrón deliberado de opacidad mercantil. Al articular despachos marítimos a través de operadores portuarios como Franklin Antonio Álvarez Salinas en Puerto Cabello, la organización logró conectar los flujos de capitales entre Estados Unidos, el Caribe y Venezuela sin levantar sospechas inmediatas de las autoridades reguladoras.

Todos lo sabemos, la impunidad concedida a los comerciantes del lujo automotriz responde a la necesidad de las cúpulas de poder de contar con mecanismos ágiles para el reciclaje de divisas. La exhibición de superdeportivos por las calles de Barquisimeto mientras la población enfrentaba la escasez generalizada resume la lógica de un modelo económico sustentado en la legitimación de capitales y la protección política.

En el fondo, las querellas por fraudes inmobiliarios, la incautación de yates y las órdenes de aprehensión archivadas revelan la descomposición de una red que operó al margen de la ley durante más de una década. La fachada del emprendimiento automotriz de alta gama sirvió para enmascarar los verdaderos hilos del dinero ilícito, entrelazando a contratistas del Estado, militares de alta jerarquía y apoderados offshore en un mismo expediente de corrupción.

Honestamente, el contraste entre el colapso de las instituciones venezolanas y la prosperidad sin sustento de los operadores del mercado automotor es la huella inconfundible del desfalco nacional. Mientras algunos de los vehículos permanecen en la sede de la avenida Lara , los verdaderos beneficiarios de las triangulaciones mercantiles continúan administrando registros en el extranjero, amparados en la distancia y en la complicidad de bufetes internacionales.

El murmullo de la lluvia se atenúa sobre los enrejados de la estación de Filadelfia mientras guardo las notas de investigación y cierro las carpetas mercantiles en la pantalla. Al repasar los nombres de los jueces, militares y gestores que figuraron como avales en este entramado de vehículos de lujo, queda la certeza de que los folios de la justicia terminan por revelar la verdad detrás del dinero. Algunas huellas dejadas en los registros de Panamá y Barquisimeto no se pueden borrar. Camino en silencio hacia la salida.

Escrito por una persona 😊, no por la IA.

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