Los cubanos que mandan en Venezuela: el ejército invisible tras Maduro

Hay un silencio en Miraflores. No es el silencio del miedo. Es el de los que ya no necesitan hablar.

Porque mientras el país discute si Maduro se va o se queda, hay otros que llevan años allí. No como invitados. Como operadores. Como jefes.

Todo empezó con una misión

En 2000, 700 cubanos llegaron a Venezuela. Médicos. Deportistas. Técnicos de vivienda. Nadie preguntó por qué venían tantos a la vez. En 2007, ya eran 20,000.

Y en 2008 —en la cumbre de la ALBA—, firmaron algo que no publicaron: acuerdos de defensa binacional. Confidenciales.

Fue entonces cuando nació el Gruce: el Grupo de Cooperación y Enlace Cubano. No es un nombre poético. Es un protocolo.

¿Qué hace el Gruce?

Técnica. Inteligencia. Vigilancia. Pero no solo de militares. También de aeropuertos, puertos, migración, comunicaciones, Relaciones Exteriores. Hasta supervisan la modernización de armas.

Según testimonios de exmilitares venezolanos, para 2009 ya controlaban el alto mando. El general Leonardo Andoyo Valdés estaba al frente. Otro, Emilio Hernández Rodríguez, tomó Fuerte Tiuna. Para 2012, al menos 500 cubanos estaban dentro de las bases.

No son asesores. Son estructura.

El cable que nadie reconoce

En esa misma cumbre de 2008, acordaron instalar un cable submarino. Directo. De La Habana a Caracas.

No es para Netflix. Es para una sala de situación paralela. Donde, dicen quienes han estado allí, Maduro recibe órdenes en tiempo real.

Y en Miraflores, la presencia va más allá de los cargos. El cocinero. El jardinero. Los anillos de seguridad. Todos cubanos. Todos con inmunidad diplomática.

Un espía con pasaporte azul

Hay un hombre. No voy a decir su nombre completo, o mejor sí, es Jorge Luis Mayo Fernández, esta es su trayectoria:

• 1999: Nueva York, ONU.
• 2004: Buenos Aires, promoviendo movimientos sociales de izquierda.
• 2010–2016: Caracas, como segundo en la embajada, coordinando “asesores”.
• 2021–2023: Managua, metido en agricultura… y en tribunales.

Hoy es embajador de Cuba en Venezuela. Y es miembro del G2, la inteligencia militar cubana. Pero por la inmunidad, ni la ONU, ni la CPI, ni la OEA lo han tocado.

Los medios lo llaman: el represor de exportación.

A su lado están el Coronel Marcos Fernández Fleites, el agregado militar que supervisa detenciones y técnicas de infiltración, y Leonardo Brusón Reinaldo, jefe de las misiones, donde médicos viven sin pasaportes, con salarios simbólicos y amenazas reales.

¿Por qué no hay pruebas?

Porque el régimen no deja huellas. Solo testimonios. Solo patrones. Solo nombres que repiten los mismos disidentes, los mismos exmilitares, los mismos activistas.

El Instituto Casla lo documentó en 2023–2024. El Centro para la Apertura del Desarrollo en Latinoamérica también. Pero no hay expediente. No hay juicio.

La soberanía, dicen, no se negocia. Pero ¿y si la soberanía ya no es tuya?

En 1983, EE.UU. lanzó la Operación Furia en Granada después de que Cuba intentara tomarla. Ocho días. Rendición.

Hoy no es Granada. Es Venezuela. El petróleo. El Caribe. El sueño antiimperialista más ambicioso desde los 70.

Y mientras, a las tres de la mañana, con el café frío y un mapa sobre la mesa, uno se pregunta:

¿Cuántos de los que hoy firman órdenes en Caracas saben que sus instrucciones vienen de una isla a 2,500 kilómetros?

Puede que nunca lo sepamos.

Pero ellos sí.