Minería de coltán en Congo y Venezuela.

Coltán en Latinoamérica: 11 claves del valioso mineral

Escribo esto mientras el coltán se esconde en el dispositivo que tengo sobre la mesa, ese mismo que me conecta con una tierra que ya no piso pero que no dejo de sentir. Aquí en el exilio, el ruido de los grillos de Texas se mezcla con el recuerdo de la selva amazónica, esa que hoy es un espejo de las guerras más crueles de África. La verdad es que lo llaman «oro azul«, pero para los pueblos del Orinoco es solo una condena de plomo y mercurio. Mientras el mundo desliza el dedo por pantallas táctiles, en las profundidades de Guainía y el Amazonas venezolano, la selva grita bajo el peso de una minería que nadie quiere ver.

La geografía no miente: el sur del Amazonas venezolano se ha convertido en una réplica exacta del Congo. Allá son los rebeldes mai-mai; acá, en nuestra casa, son las disidencias de las FARC y el ELN quienes imponen la ley del fusil sobre las minas. Es un sistema de «puertas giratorias» que Hugo Chávez abrió en 2009 al militarizar la zona, prohibiendo a los privados pero dejando las llaves a grupos que hoy comparten el botín con el Estado. La verdad es que, para algunos pueblos indígenas, ser parte del territorio no es una identidad, es un riesgo de muerte.

El gigante brasileño y la ruta del coltán

Bueno… todos lo sabemos, el mapa del mineral en el continente tiene un dueño indiscutible. Brasil es el mayor productor mundial de columbita y el segundo de tantalita, los dos componentes que forman este material estratégico. Bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, la narrativa del «Niobium Valley» cobró fuerza, posicionando al país como una potencia que maneja el 91% de la producción global de niobio. Pero detrás de las cifras récord de 90,000 toneladas en 2019, hay un jugador silencioso que mueve los hilos: China. Empresas como China Molybdenum y China Niobium Investment ya controlan gran parte de los yacimientos clave en las Minas Gerais y Goiás.

Mientras Brasil industrializa, en las fronteras de Colombia y Venezuela la dinámica es puramente criminal. El mineral se extrae con picas, palas y motobombas en zonas protegidas como el Parque Nacional Natural Tuparro o la reserva Puinawai. La verdad es que la explotación ilegal de coltán sirve para financiar la compra de armas y el control social de grupos como la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Se estima que estos grupos cobran una «vacuna» del 10% sobre el valor del mineral, que en ciudades como Bogotá puede alcanzar los 650 dólares por kilo.

Sangre, silicio y el rastro de la corrupción

La ruta del blanqueo es una coreografía perfecta de ilegalidad. El material cruza desde Venezuela hacia Puerto Carreño, en Colombia, donde empresas fachada le dan una apariencia legal con certificados de origen y licencias ambientales falsas. En abril de 2025, se interceptaron 49 toneladas del oro azul que ya estaban listas para salir hacia China, valoradas en 14 millones de dólares. Es una cadena de valor donde el dinero no entra al presupuesto nacional, sino que va directo a los que firman, a los que disparan y a los que callan en los despachos oficiales.

Honestamente, el escándalo alcanza los niveles más altos del poder en Caracas. En 2021, autoridades italianas incautaron un cargamento de origen venezolano en el puerto de Trieste, señalando directamente a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente, como el gestor de estas operaciones ilícitas. La asociación público-privada en Agua Mena-Parguaza es señalada como el epicentro de este enriquecimiento para militares y políticos. Mientras tanto, niños de apenas catorce años cavan con sus manos en túneles peligrosos, expuestos a materiales radiactivos como el uranio y el torio, solo para que nosotros no dejemos de cargar el teléfono.

¿Quién se beneficia?

No es el Estado. El dinero no entra al presupuesto. Va directo a los que disparan. A los que firman. A los que callan.

Y con ese dinero, se compra lealtad. Se compra silencio. Se compra tiempo.

Por eso es tan difícil sacar a estos regímenes. No son solo ideología. Son cadenas de valor. De sangre y silicio.

Las ONG no fallaron. Se rindieron

Décadas en el Congo. Informes. Denuncias. Sanciones. ¿Resultado? El tráfico sigue. La impunidad cruzó el Atlántico. Y ahora, en Venezuela, se repite la misma película —con peor guion, pero mismo final.

Uganda y Venezuela, por cierto, están entre los últimos países en el índice de Estado de Derecho. No es casualidad. Es sistema.

La verdad es que… todos lo sabemos: mientras el mundo siga comprando celulares sin preguntar de dónde viene el coltán…

Este no es un problema africano.

Ni venezolano.

Es nuestro.

A las tres de la mañana, con el café ya frío y el teléfono sobre la mesa —sí, lo desarmé una vez, buscando el chip— me pregunto:

¿Cuántas vidas caben en un solo dispositivo?

No lo sé.

Pero hoy, por primera vez, no lo puse a cargar.


Escrito por una persona 😊, no por la IA.

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Ryan Foster
Ryan Foster

Ryan Foster investiga el poder de la tecnología sobre la democracia, la privacidad y los derechos civiles. Fue investigador en Wired y colaboró con The Markup en análisis de algoritmos, vigilancia estatal y prácticas anticompetitivas de grandes plataformas. Combina periodismo de datos, revisión de código abierto y fuentes del sector tecnológico. Estudió Ciencias de la Computación en Stanford y tiene una maestría en Periodismo de Datos de la Columbia Journalism School.

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