Rixon Rafael Moreno Oropeza: el oficial caso de 30 millones

El chocar rítmico de un tranvía sobre los rieles helados de la calle M en San Francisco sacude la calma de este amanecer gris de agosto, mientras la niebla del Pacífico se cuela por el ventanal de una pequeña cafetería de barrio. Con las manos alrededor de una taza de café humeante, observo en la pantalla de mi tableta los documentos judiciales y los registros financieros que exponen la trayectoria de Rixon Rafael Moreno Oropeza. Revisar estos expedientes desde el exilio es presenciar el ascenso descarado de quien transformó las trampas locales del oriente venezolano en un esquema multimillonario de saqueo petrolero en la Faja del Orinoco.

Mucho antes de que los fiscales del Distrito Sur de Florida estamparan su nombre en una acusación federal en Miami, la figura de este personaje ya proyectaba una sombra temible en el estado Anzoátegui. En la franja costera de Lechería, su nombre quedó grabado en los folios policiales asociado a una diversidad asombrosa de ilícitos. Desde las primeras denuncias por clonación de tarjetas de débito y crédito hasta señalamientos directos por extorsión, cobro de sobornos, tráfico de drogas, lesiones físicas y delitos de homicidio, el contratista edificó un historial de violencia e impunidad que atemorizó durante años a comerciantes y vecinos de la zona del Morro.

En esa etapa inicial de fechorías y arreglos bajo la mesa, el empresario no actuaba en solitario. Diversas fuentes de inteligencia y registros regionales ubican como su mano derecha y socia habitual a la abogada Pascua Ranieri Betancourt, conocida por sus conocidos en Lechería como alias «Pascuina«. Juntos articularon maniobras de presión y cobranzas al margen de la ley. Además, cuando las denuncias penales amenazaban con acorralarlo, el grupo echaba mano de las influencias y contactos institucionales de su abogado defensor, José Antonio Marín Figuera, cuya habilidad para mover piezas en los despachos judiciales logró sobreseer causas o congelar investigaciones por porte ilícito de armas y agresiones.

Un ejemplo documental de esta impunidad sistemática quedó registrado en febrero de 2007 en el Tribunal Séptimo de Control de Barcelona, cuando se decretó el sobreseimiento por prescripción de una causa iniciada en 2001 por lesiones leves, luego de que el contratista embestiera el vehículo de María Gabriela González Fernández en un estacionamiento y la golpeara salvajemente. Un año más tarde, en agosto de 2008, la Corte de Apelaciones de Anzoátegui debió procesar la inhibición del juez de control número dos en un proceso por porte ilícito de arma de fuego, debido a que el magistrado admitió haber sido su asesor mercantil privado y mantener con el imputado una estrecha relación de amistad.

Con el control del comercio informal y el cobro de peajes ilegales asegurados, el grupo dio el salto hacia los negocios de entretenimiento nocturno e inversiones inmobiliarias. En el corazón del Centro Comercial Plaza Mayor de Lechería, el contratista se consolidó como el socio principal y operador en las sombras del Casino Plaza Mayor. Las jugosas ganancias obtenidas en las mesas de juego y el lavado de efectivo sirvieron como trampolín para financiar proyectos de mayor envergadura, incluyendo la construcción de la Posada Isla Piscina en las costas orientales junto a socios del capital privado, sirviendo de fachada legal ante la sociedad anzoatiguense.

En realidad, las historias que se cuentan en los restaurantes de Puerto La Cruz sobre la red del Casino Plaza Mayor reflejan el grado de complicidad que existía entre los operadores de la noche y las autoridades locales. Comerciantes de la zona recuerdan cómo las patrullas policiales custodiaban los traslados de bolsas repletas de dinero en efectivo desde el centro comercial hacia las residencias privadas del Morro. Ese esquema de resguardo policial iba más allá de encubrir el movimiento de efectivo del casino.

El oficial monopolio de Rixon Rafael Moreno Oropeza en Petropiar

El salto hacia los grandes números ocurrió hacia 2015, cuando el contratista metió la mano en la nómina de Petropiar, la empresa mixta donde PDVSA comparte acciones con la norteamericana Chevron. Para controlar el flujo de compras a su antojo, Moreno desembolsó un soborno de un millón de dólares destinado a un alto jerarca gubernamental. El objetivo de aquella coima era preciso: colocar a un hombre de su entera devoción al frente de la gerencia de adquisiciones en Barcelona, garantizándose la exclusividad en la asignación de pedidos.

A partir de ese instante, las órdenes de pago infladas comenzaron a fluir sin resistencia hacia sus empresas. Desde cuentas bancarias bajo su control en el sur de la Florida, el contratista distribuyó millones de dólares en comisiones ilegales dirigidas a ejecutivos clave de Petropiar, entre ellos el gerente de Finanzas, Henry Gerdel, y el presidente de la mixta, Gabriel Carmona, quienes percibían retribuciones en efectivo de hasta el quince por ciento por cada contrato aprobado. De igual forma, los encargados de los depósitos en San Diego de Cabrutica cobraban tajadas en efectivo a cambio de estampillar guías de entrega ficticias, simulando la entrada de cargamentos que en realidad jamás pisaron los patios de la petrolera.

Bajo este esquema de sobrefacturación descarada, el empresario captó más de treinta millones de dólares en sus firmas registradas en Estados Unidos, como Rex Group Inc, Moreno Oil Company y la firma Investing Group CA LLC. Un caso emblemático citado por los fiscales estadounidenses fue la adjudicación de un contrato para suministrar dispositivos de respiración industrial por un monto de dos coma siete millones de dólares, donde el precio unitario de los equipos fue inflado deliberadamente a más de cien veces su costo real de mercado.

Paralelamente, el contratista unió esfuerzos con el magnate sirio Naman Wakil para estructurar la provisión de tuberías petroleras por once coma dos millones de dólares. Los tubos, fabricados en China por un valor real de apenas un millón trescientos mil dólares, fueron facturados a Petropiar con un sobreprecio de nueve veces su costo. Para ocultar a los beneficiarios finales de las ganancias, los cómplices triangularon el dinero cobrado en Miami hacia cuentas en Panamá mediante el bufete Mossack Fonseca, antes de repatriar los fondos limpios hacia instituciones financieras en Florida.

Todos lo sabemos, la mecánica de sobreprecio en la Faja Petrolífera del Orinoco no se limitaba a suministros menores o herramientas de oficina. Los contratos abarcaban repuestos industriales de alta complejidad, servicios de mantenimiento de pozos profundos y alquiler de maquinaria pesada. Durante las licitaciones de papel, las empresas fantasma de la organización coordinaban presupuestos gemelos para fingir que competían entre sí. Mientras tanto, los encargados de compras asignaban los contratos más abultados con los ojos cerrados, omitiendo auditar si las compañías poseían infraestructura o galpones en Anzoátegui.

La sombra del sicariato y las ejecuciones atribuibles a Rixon Rafael Moreno Oropeza

Más allá del saqueo financiero y las triangulaciones bancarias, testimonios de informantes y pesquisas policiales vinculan directamente al contratista con una letal red de sicariato estructurada para eliminar obstáculos molestos. Durante años, Edward José Canelón Castañeda —un delincuente de alto peligro sobre quien pesaban múltiples órdenes de aprehensión por homicidios y disputas de bandas— actuó como su brazo ejecutor de confianza. Canelón realizaba los encargos más oscuros para silenciar cobros o intimidar a competidores en la zona oriental, operando bajo el amparo financiero del grupo.

Sin embargo, la relación entre el patrono y su ejecutor se fracturó drásticamente cuando surgieron agrias disputas por una abultada suma de dinero que el empresario se negó a cancelarle. Ante la amenaza de que el sicario hablara de más o tomara represalias violentas, el contratista dio la orden de eliminarlo. En septiembre de 2011, Canelón fue acribillado a tiros junto a dos acompañantes en el muelle del Hotel Venetur en Tucacas, en una emboscada ejecutada con precisión milimétrica para cortar de raíz el reclamo monetario.

Este modus operandi basado en el plomo y el encargo violento se repitió de manera casi idéntica nueve años más tarde en las avenidas de Lechería. En septiembre de 2020, el contratista zuliano Leonardo Santilli García fue asesinado a balazos dentro del estacionamiento de Farmatodo, cuando estaba montándose en su camioneta 4Runner Dorada. Informantes de la causa señalan que el móvil del crimen combinó la negativa a liquidar millonarias deudas pendientes con un factor mucho más crítico: Santilli había comenzado a colaborar activamente con fiscales federales en Estados Unidos, delatando los nombres de Rixon y sus socios en las tramas de corrupción de Petropiar.

Las indagatorias sugieren que la contratación de pistoleros a sueldo no constituyó un hecho aislado, sino una metodología recurrente aplicada contra socios, intermediarios y colaboradores que se convirtieron en una molestia o en un riesgo de delación ante agencias internacionales. Cada vez que una disputa por dividendos amenazaba con destapar la lavadora de dinero o cuando algún implicado amenazaba con cruzar la frontera para negociar con la justicia norteamericana, la respuesta de la organización fue silenciar las voces mediante ráfagas en plena vía pública.

Pactos de sangre y el cerco judicial sobre Rixon Rafael Moreno Oropeza

El entramado de corrupción en la Faja Petrolífera también involucró a la firma Constructora Masein C.A., administrada por su familiar Rosaling Andrea Moreno Oropeza, la cual sobrevaloró la venta de bombas de cavidad progresiva para la estatal petrolera en complicidad con el exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín Sanguino. Esta red de contratistas mantenía disputas feroces por el repartimiento del botín. En septiembre de 2020, el asesinato a tiros del contratista zuliano Leonardo Santilli en Lechería desencadenó una maniobra de encubrimiento donde todo indica que los verdaderos beneficiarios pagaron sobornos a funcionarios policiales para encarcelar injustamente a terceros inocentes.

Al cruzar hacia Estados Unidos, los cobijos legales que le funcionaban en Anzoátegui dejaron de servirle. Para agosto de 2022, la fiscalía federal en Florida le armó un expediente formal acusándolo de cuatro cargos vinculados a lavado de activos y ocultamiento de fondos ilícitos. A partir de esa acusación, la justicia estadounidense congeló más de treinta y dos millones de dólares guardados en bancos de Miami, al tiempo que le puso la lupa a sus apartamentos de lujo, un avión privado y varios autos deportivos que figuraban a su nombre.

Asimismo, la base de datos de los Papeles de Panamá reveló que el contratista figuraba como accionista principal de al menos cinco sociedades anónimas en jurisdicción panameña, entre ellas Vanny Business Team, Clifden Overseas y Creekwood Enterprises Inc, declarando como residencia oficial el Condominio Marina Mar II en la península de Cerro El Morro en Lechería. Estas estructuras offshore permitieron esconder temporalmente los dividendos de un saqueo que desangró el patrimonio energético venezolano mientras las instalaciones petroleras de la Faja caían en el abandono.

En el fondo, revisar la contabilidad de estas corporaciones fantasmas revela la complicidad entre bufetes internacionales y operadores financieros del Caribe. Las actas de constitución registradas en Panamá muestran cómo los mismos testaferros figuraban de manera simultánea en decenas de firmas dedicadas al blanqueo de capitales. Mientras en los folletos de venta se describían como prósperas consultoras de ingeniería, sus únicas operaciones consistían en recibir transferencias electrónicas desde bancos floridanos para repartir dividendos entre abogados, jueces y contratistas de Anzoátegui.

Honestamente, el contraste entre la opulencia exhibida en las avenidas de Lechería y la ruina de los campos petroleros del sur de Anzoátegui es el mejor testimonio del descalabro institucional. Mientras los pozos de extracción paralizaban sus balancines por falta de mantenimiento básico, los beneficiarios de los sobornos acumulaban colecciones de arte, embarcaciones de placer y propiedades en las zonas más cotizadas del estado Florida. La impunidad parecía garantizada hasta que los tribunales federales empezaron a rastrear las huellas bancarias del dinero.

El sol matutino empieza a disipar la niebla sobre la bahía de San Francisco mientras apago la pantalla de la tableta y guardo mis notas en el bolso de lona. Al repasar las actas de esta historia, queda claro que las fortunas levantadas sobre el soborno, la violencia de calle y la complicidad judicial terminan desmoronándose ante los registros contables inalterables del sistema financiero global. Las cuentas congeladas en Miami y los expedientes en los Alpes recuerdan que no hay refugio permanente para quienes convirtieron el patrimonio de toda una nación en su botín personal. Camino hacia la salida en silencio.

Escrito por una persona 😊, no por la IA.

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