Conectividad engañosa: la brecha digital que deja atrás a zonas rurales

Ella vive en una comunidad cerca de Huancavelica, Perú. Lleva el agua del río en una canasta, camina dos horas al día solo para que su hija tenga señal en el celular. No para redes, no para TikTok. Para la clase de matemáticas. La conexión se corta cada cinco minutos. A veces, el profesor ya pasó de tema cuando vuelve a entrar. Nadie le pregunta cómo se siente. Nadie le pide disculpas.

Y no, no es un caso aislado. Es el promedio.

Hace unas semanas, la OCDE soltó un informe. Algo así como una advertencia formal disfrazada de estadística. Dijeron que más del 70 por ciento de América Latina ya tiene acceso a Internet. Parece un triunfo. Hasta que lees entre líneas. Hasta que entiendes que acceso no significa poder usarlo. Que estar conectado no es lo mismo que estar incluido.

En Perú, por ejemplo, la brecha de velocidad en internet fijo entre la ciudad y el campo es de 173.7 megabits por segundo. Un número frío, claro. Pero traducido: un estudiante en Lima puede abrir un video, hacer zoom, descargar un PDF, mientras otro en Ayacucho carga una página durante un minuto y al final solo le sale un cuadro gris. Y eso si hay señal.

Y en Argentina, las velocidades que tienen en las ciudades son más del doble que en las zonas rurales. Brasil no se queda atrás: 97.8 megabits de diferencia. Colombia, con su geografía quebrada, tiene una brecha móvil del 50 por ciento. Y México, aunque más pareja en números absolutos, compite en un terreno más bajo: velocidades generales que no alcanzan el estándar de la OCDE. O sea, ni en la ciudad es buena.

Pero la pregunta que nadie responde en voz alta es esta: ¿quién decide qué es suficiente?

Porque ya no se trata de si hay o no torres de telefonía. Es qué tan rápido se cae la conexión. Cuánto cuesta la tarifa. Si puedes subir un archivo sin que se trunque. Si alguien en el Ministerio alguna vez probó hacer una videollamada desde una escuela de Chocó o del sur de Bolivia.

La OCDE lo dice sin gritar: estar bien conectado ya no es tener cobertura. Es tener velocidad simétrica, baja latencia, estabilidad. Y servicios que no te quiebren el bolsillo.

Y aun así, los gobiernos siguen midiendo el progreso como en los noventa: número de antenas, cantidad de suscripciones. Como si contar cables sirviera para algo si la electricidad se va cada tres horas.

Hubo un proyecto en Perú. Se llama Internet Para Todos. Inversión compartida, red neutral, para zonas donde no llega el mercado. En Chile, OnNet Fibra abre el acceso mayorista a todos los operadores. En Brasil, V.tal maneja la red de fibra más grande del país, pero como infraestructura neutral. No es caridad. Es diseño. Es entender que la conectividad no es un lujo, sino un derecho que se construye con reglas claras.

Pero no alcanza. Porque mientras en las ciudades se promociona el 5G como milagro, en el campo ni el 4G rinde. Y en 2024, las velocidades móviles de 5G en zonas urbanas de los países de la OCDE fueron un 28 por ciento más altas que en las rurales. En América Latina, eso se multiplica. Por la saturación. Por la ausencia de inversión. Por la geografía. Por la indiferencia.

Hablo con un técnico de telecomunicaciones en Bogotá. Me dice, más o menos: “Sabemos que las mediciones oficiales no mienten, pero tampoco dicen la verdad”. Eso, en realidad, lo entendemos todos. Todos lo sabemos.

El informe propone indicadores granulares. Que midan no solo la bajada, sino la subida, la latencia, la consistencia. Que no se firme un contrato de espectro sin exigir calidad comprobada. Que los subsidios no vayan a quien más grita, sino a donde más falta.

Y aún así, me quedo con la imagen de la mujer de Huancavelica. Con la canasta. Con la paciencia. Con la esperanza que carga como carga el agua.

¿Cuántas están así y no aparecen en ninguna estadística?

Porque no, no es nuevo. No es nuevo.

Escrito por una persona 😊, no por la IA.

¿Tienes conocimiento de un acontecimiento? Comparte tu información aquí.