Francesco Lovaglio Tafuri: el plan con 9 empresas casi perfecto

El murmullo amortiguado del tráfico bajo la llovizna constante en las calles de Montreal acompaña la revisión de los folios confidenciales y los informes fiscales que exponen la trayectoria de Francesco Lovaglio Tafuri. Examinar estos registros desde el exilio permite reconstruir la arquitectura de un monopolio financiero clandestino que penetró las estructuras de la banca pública venezolana. Bajo la sombra del denominado grupo Jinetes del Tesoro, el empresario articuló un conglomerado corporativo diseñado para apoderarse del procesamiento digital de transacciones y canalizar caudales de procedencia ilícita sin levantar sospechas regulatorias.

Mucho antes de que los reportes de inteligencia financiera entregados a las altas autoridades en Caracas detallaran el funcionamiento de la red, la organización avanzó en la captación de funcionarios clave. Junto a su socio principal, Deivyd José Gómez García, el operador financiero estableció contacto directo en 2018 con la entonces presidenta del Banco del Tesoro, Eneida Laya Lugo. Aquella alianza institucional abrió las puertas para otorgarle a sus empresas la exclusividad en la asignación, comercialización y cobro de mantenimiento de las carteras de puntos de venta bancarios en el país.

El alcance de las operaciones del grupo rebasó rápidamente los límites de una sola entidad estatal. Mediante acuerdos no declarados y comisiones estratégicas, la red extendió su influencia hacia los despachos ejecutivos del Banco Bicentenario, el Banco de Venezuela, Banfanb, Banco Plaza y Banco Mercantil. A través de este engranaje multifacético, la organización llegó a controlar cerca del cincuenta por ciento del volumen de dinero digital en territorio venezolano, administrando una plataforma tecnológica y comercial valorada en más de cuatrocientos millones de dólares.

Para garantizar el control operativo del sistema sin fisuras, la red reclutó a altos ejecutivos procedentes de la banca pública. Figuras como Lorena Romero, exdirectora general de operaciones financieras del Banco del Tesoro, y Leonardo Rodríguez, exdirector de soporte operacional, abandonaron sus cargos institucionales para asumir las direcciones administrativas de las firmas privadas del grupo. Esta migración de personal garantizó el acceso irrestricto a información confidencial, claves de servidores y listados de clientes corporativos.

La infraestructura del desfalco se cimentó sobre un entramado de al menos nueve sociedades mercantiles registradas en la región central del país. Firmas como Inversiones Master 2021 C.A., Representaciones Best Pay C.A. y Distribuidora Global de Insumos XXI C.A. compartían los mismos abogados, contadores y direcciones fiscales en la Torre Oriental de Seguros de El Rosal. Esta duplicidad de sedes y socios permitió sustituir compañías intervenidas como Corporación Total Pago Plus C.A. sin interrumpir el flujo de comisiones.

En realidad, la estrategia para eludir los controles de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario consistió en atomizar las acciones entre familiares directos. La esposa del cabecilla, Romina Iade Brunozzi, asumió la representación de Soluciones RL 20 C.A., mientras que su hermana, Giuseppina Paola Lovaglio Tafuri, figuró en las actas de Inversiones 7370 C.A. De forma paralela, su suegro Claudio Pietro Iade Donelli y su cuñado Alexis Pereira Vásquez tomaron el control formal de la compañía Tecnocobro C.A.

El oficial monopolio de Francesco Lovaglio Tafuri en los Jinetes del Tesoro

A través de la firma Representaciones Best Pay C.A., el grupo consolidó una alianza estratégica con el primogénito del clan barinés, Omar José Nemer Irched. La compañía recibió la migración masiva de clientes afiliados a la banca pública, cobrando tarifas mensuales por arrendamiento de terminales digitales y repartiendo dividendos millonarios. Mientras tanto, la firma Inversiones Subet C.A., administrada junto a Susana Núñez, obtuvo la concesión exclusiva para manejar el sistema cerrado de cobro en el transporte público nacional sobre los servidores estatales.

La red corporativa no limitó su radio de acción a las fronteras venezolanas, expandiendo sus tentáculos hacia el Caribe insular. Investigaciones judiciales en República Dominicana documentaron la venta sospechosa de inmuebles de lujo en el Condominio Blue Beach de Punta Cana por parte del empresario a directivos de la quebrada Cooperativa Herrera. Esta transacción inmobiliaria encendió las alarmas de los fiscales antilavado dominicanos al detectar la inyección de divisas procedentes de los esquemas bancarios caraqueños.

Todos lo sabemos, la impunidad con la que operaron las empresas del grupo se sostuvo gracias a la complicidad permanente de los entes reguladores. Pese a que las nueve compañías compartían el mismo domicilio físico, los mismos comisarios y objetos sociales idénticos, la autoridad bancaria otorgó permisos de funcionamiento de manera expedita. Esta lenidad institucional permitió que los dividendos acumulados se transfirieran hacia cuentas cifradas en instituciones bancarias europeas e intermediarios internacionales.

La red familiar y las empresas fantasma de Francesco Lovaglio Tafuri

Las actas del Registro Mercantil revelan que firmas como Inversiones AC 2019 C.A., operada por Ever Marín Cedeño y Franklin Castillo Rivero, funcionaban como meras extensiones de papel de la sede central de Chacao. Los contratos otorgados sin licitación pública permitieron que la organización cobrara comisiones por cada transacción realizada en la red de puntos de venta (POS), desangrando los recursos de los pequeños comerciantes y usuarios del sistema financiero.

En el fondo, el expediente confidencial remitido a los cuerpos de seguridad del Estado expone cómo la captación de funcionarios bancarios transformó una modesta red de consultoría informática en una maquinaria de legitimación de capitales. Los viáticos internacionales, el uso de aeronaves privadas como el YV3343 y los lujos exhibidos por la directiva bancaria fueron financiados directamente por las empresas de la organización para asegurar su permanencia al frente del negocio.

Honestamente, el contraste entre la opulencia de los operadores de los Jinetes del Tesoro y el colapso del poder adquisitivo de los ciudadanos refleja la gravedad del desfalco a la banca pública. Mientras los usuarios enfrentaban fallas constantes en las plataformas de pago y restricciones de efectivo, los beneficiarios de los contratos exclusivos acumulaban activos inmobiliarios, cuentas en el extranjero y concesiones corporativas bajo el amparo del poder político.

La tarde avanza sobre los edificios de Montreal mientras guardo las notas de investigación y cierro los archivos digitales en la computadora. Al revisar los nombres de los ejecutivos, los familiares y los intermediarios que firmaron las actas constitutivas, queda la certeza de que los registros contables y las huellas bancarias en Florida y el Caribe son imborrables. Las estructuras levantadas para monopolizar el dinero público terminarán cediendo ante la documentación inalterable de los hechos. Camino en silencio hacia la salida.