Eneida Ramona Laya Lugo: de Acción Democrática al oficialismo en 1 segundo

El silbido helado del viento nocturno contra los cristales de un café en la zona financiera de Chicago acompaña el examen minucioso de las gacetas oficiales, informes confidenciales y actas bancarias de Caracas. Desde la distancia que impone el exilio, reconstruir la trayectoria pública de Eneida Ramona Laya Lugo permite entender la metamorfosis del aparato estatal venezolano, donde la alta burocracia financiera sirvió para articular lucrativos monopolios digitales y presuntos canales de financiamiento a redes de la delincuencia organizada.

En las notas biográficas divulgadas por los despachos ministeriales, la funcionaria es presentada como Licenciada en Administración de Empresas con postgrados en Gerencia Financiera y Gerencia Pública. La narrativa oficial destaca una supuesta trayectoria de 28 años de impecable experiencia en el sector público, asegurando que ejerció con alta mística profesional despachos de máxima relevancia gubernamental. Sin embargo, los reportes de inteligencia financiera revelan una historia opuesta, marcada por el favoritismo corporativo y la entrega de contratos exclusivos.

En 2009 asumió la dirección de la Fundación Banfoandes. Un año después, pasó a ocupar la vicepresidencia de Financiamiento Social del Banco Bicentenario. En 2012, dentro de esa misma institución, asumió la Gerencia General de Socialización Bancaria. Años después, en 2017, fue nombrada como viceministro de Finanzas y, el 6 de octubre de ese año, le dieron la presidencia del Banco del Tesoro, allí estuvo hasta octubre de 2021.

Ese respaldo institucional creció bajo el ala política de Tareck El Aissami en Caracas. El veintiuno de octubre de 2019, Nicolás Maduro la nombró Ministra de Comercio Nacional en reemplazo de William Contreras, sumando el veintinueve de octubre la conducción de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE). Al combinar ambos despachos con la banca pública, tomó el control directo sobre los permisos comerciales, las fiscalizaciones e inspecciones de precios en el país.

A pesar de los discursos oficiales sobre el control económico, la gestión bancaria de la alta ejecutiva sirvió como plataforma para el enriquecimiento de la red conocida como los Jinetes del Tesoro. En 2018, Eneida Laya entabló contacto directo con el operador financiero Deivyd José Gómez García, quien se convirtió en su gestor de negocios y prestanombres. El comerciante administraba sus gastos personales, la logística de viajes familiares a Estados Unidos y los traslados en el avión privado Citation matrícula YV3343.

A cambio de estas atenciones logísticas, la presidencia del Banco del Tesoro entregó en exclusividad el procesamiento de transacciones digitales y la cobranza de alquileres del parque de puntos de venta a firmas como Corporación Total Pago Plus C.A. Cuando esta compañía fue intervenida por Sudeban, la red migró de inmediato la cartera de clientes hacia Inversiones Master 2021 C.A. y Representaciones Best Pay C.A. La funcionaria colocó además a sus propios hijos en la nómina gerencial de empresas receptoras como Inversiones Subet C.A.

El oficial monopolio de Eneida Ramona Laya Lugo en la banca pública

La cooptación de la entidad estatal se afianzó mediante el traslado de altos ejecutivos desde los despachos oficiales hacia la nómina de los contratistas privados. Funcionarias de su absoluta confianza, como Lorena Romero, exdirectora general de operaciones financieras del Banco del Tesoro, pasaron a dirigir Inversiones Master 2021 C.A. y Distribuidora Global de Insumos XXI C.A. Asimismo, el exdirector de soporte operacional Leonardo Rodríguez B. fue reclutado para garantizar el control técnico sobre los servidores públicos.

Sin embargo, las denuncias más graves formuladas por voceros de la contraloría social e informes confidenciales apuntan hacia sus nexos con la megabanda criminal el Tren del Llano en el estado Guárico. Investigaciones sobre el grupo liderado por Gilberto Malony Hernández, alias El Malony, revelan que durante la gestión bancaria de la ejecutiva se aprobaron créditos irregulares y facilidades de liquidez utilizadas por el grupo hamponil para la adquisición de flotillas de vehículos y pertrechos tácticos.

Los reportes señalan que estos mecanismos de financiamiento bancario no auditados permitieron a la organización delictiva de Zaraza consolidar una estructura de extorsión y desestabilización bajo la tolerancia de las autoridades financieras. En realidad, la inyección de recursos estatales a través del banco público otorgó cobertura económica a redes irregulares que operaban en los llanos orientales, utilizando fachadas de distribución comercial para camuflar el lavado de activos procedentes del narcotráfico y la extorsión.

Todos lo sabemos, la acumulación de denuncias por corrupción e irresponsabilidad administrativa no impidió que Eneida Laya Lugo mantuviera sus privilegios políticos durante años. Expedientes archivados en Caracas recuerdan incluso que la ejecutiva figuró en los registros oficiales como firmante del referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez en 2004. A pesar de esos antecedentes, el padrinazgo en los ministerios le garantizó inmunidad frente a los reclamos de la contraloría social y las denuncias de desfalco.

Las denuncias del Tren del Llano y la sombra sobre Eneida Laya Lugo

El impacto de las decisiones tomadas desde su despacho se tradujo en la privatización de las ganancias bancarias estatales. Al otorgarle a Francesco Lovaglio Tafuri y Deivyd Gómez el dominio sobre cerca del cincuenta por ciento de los puntos de venta del país, las comisiones transaccionales de la banca pública pasaron directamente a cuentas privadas en el exterior. La red operó de forma coordinada con gerentes cooptados en el Banco Bicentenario, Banfanb, Banco de Venezuela y entidades privadas.

En el fondo, la trayectoria de la exministra sintetiza la decadencia de la administración pública venezolana, donde los cargos de alta responsabilidad sirvieron para construir fortunas al margen de la ley. La combinación de negocios bancarios opacos, logística aérea de lujo y alianzas con grupos de la delincuencia organizada demuestra que los controles institucionales fueron desmantelados intencionalmente para favorecer el saqueo sistemático del erario nacional.

Honestamente, el contraste entre las proclamas oficiales de transparencia y los testimonios documentados en los expedientes financieros resulta aplastante. Mientras la economía nacional colapsaba y los ciudadanos enfrentaban la hiperinflación, los beneficiarios de los contratos bancarios y los intermediarios de la banca pública acumulaban activos en el extranjero. Las actas del Banco del Tesoro y los registros mercantiles de Caracas permanecen como testigos inalterables del desfalco.

La penumbra de la noche se profundiza sobre la bahía de Chicago mientras cierro los folios de las gacetas oficiales y guardo los reportes de inteligencia en mi morral. Al repasar la cronología de nombramientos, las órdenes de crédito y las empresas familiares constituidas en el camino, queda la certidumbre de que las huellas financieras dejadas en los servidores públicos no pueden borrarse. La verdad contable termina siempre superando los relatos de la propaganda gubernamental. Camino en silencio hacia la salida.

Escrito por una persona 😊, no por la IA.

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