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Composición minimalista con decreto de nombramiento, registro de empresa británica y dirección en Londres vinculada a sanciones sobre fondo púrpura

Revelador: La Procuradora y el riesgo de lavado en Crixto

Aquí el frío es distinto, se te mete en los huesos sin avisar, y mientras escribo solo escucho el goteo rítmico de un radiador viejo que parece tener vida propia. La verdad es que a veces uno se cansa de ver siempre la misma película, pero con distintos actores… o en este caso, con una protagonista que nadie vio venir hasta que ya tenía el sello oficial puesto. Arianny Viviana Seijo Noguera, una abogada de treinta y seis años que salió de las aulas de la Universidad Central para terminar metida en los despachos más oscuros de Londres, fue la pieza que el Parlamento encajó el pasado 24 de marzo de 2026. La nombraron Procuradora General de la República con esa “mayoría evidente” que tanto les gusta pregonar, como si el volumen de los aplausos pudiera tapar el rastro de papeles que dejó en el camino. Y bueno, uno ve el logo de la UCV en su currículo y no puede evitar recordar los pasillos de la Ciudad Universitaria, pensando en qué momento se torció todo para que termináramos defendiendo lo indefendible desde una oficina en el extranjero.

Y es que, antes de ser la máxima defensora de los activos del Estado venezolano, el nombre de Arianny ya navegaba por las aguas de la intermediación financiera británica. En los registros públicos del Reino Unido, que no perdonan el olvido, ella aparece como la dueña del setenta y cinco por ciento de las acciones de una empresa llamada Crixto Limited. Esta firma, registrada en 2019 y extinguida apenas en julio de 2024, no era una simple fachada de papel para estudios académicos; se dedicaba formalmente a los servicios financieros y a las sociedades de cartera. Bueno… lo que realmente quema el sueño es que esa empresa compartía una dirección muy particular en la calle Shelton de Londres, un edificio que parece ser el nudo donde se amarran varios hilos del poder.

Ese número 71-75 de la calle Shelton no es solo un código postal; es el mismo domicilio que la oficina de control de activos extranjeros del Tesoro estadounidense vinculó con Washington Trading, una empresa sancionada por ayudar a la petrolera estatal a evadir las restricciones internacionales. Resulta difícil creer en las casualidades cuando la persona encargada de vigilar los contratos de interés nacional operaba desde el mismo pasillo que quienes diseñaban rutas para burlar sanciones. En el fondo, todos lo sabemos: en este mundo de empresas digitales, las direcciones físicas suelen ser el único rastro de una red que se protege en la bruma.

La conexión con el mundo del dinero digital en Venezuela es todavía más directa y, honestamente, cínica. Alguien revisó los términos de uso de la plataforma crixto.com, una de las pocas casas de intercambio autorizadas por el gobierno para operar con criptoactivos en el país. Allí, escondido entre la letra pequeña legal, aparecía el número de registro 12160666, el mismo que identifica a la empresa de Arianny en Inglaterra. Es decir, la plataforma que hoy recibe licencias del Estado venezolano estaba atada por un cordón umbilical a la empresa privada de la mujer que ahora representa a ese mismo Estado. Un conflicto de intereses tan grande que no cabe en el Capitolio.

Recuerdo que hace unos años, cuando todavía podíamos caminar por las calles de Caracas sin mirar por encima del hombro, los expedientes venían en carpetas amarillas que olían a humedad; ahora, la corrupción viaja en archivos PDF. El nombre de Seijo Noguera ya había saltado a la vista de algunos analistas cuando se descubrió que ella era la autora en los metadatos del proyecto de la ley de amnistía aprobado en febrero. Pero su paso por la consultoría jurídica de la petrolera estatal y su rol como asistente legal en el caso del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia demuestran que ha sido una pieza clave en el andamiaje legal de la vicepresidencia.

Pero lo que realmente asusta es el vacío de control. Mientras ella asume su cargo, la estructura que supervisa las transacciones con monedas digitales, la Sunacrip, sigue en una reestructuración eterna tras el escándalo que desapareció miles de millones de dólares. En este escenario, empresas como Crixto o Kontigo operan con un riesgo de lavado de dinero que nadie parece querer frenar. Los bancos no exigen identificación rigurosa para las recargas de saldo y la Superintendencia de Bancos simplemente mira hacia otro lado mientras los fondos fluyen hacia billeteras internacionales. Es un sistema diseñado para que el origen del dinero sea un misterio imposible de resolver.

El goteo del radiador sigue ahí, rítmico, como si marcara el compás de una noche que se niega a terminar,. A veces pienso que la verdad es como ese sonido: está presente aunque uno intente taparse los oídos,. Me pregunto si los que aplaudieron aquella tarde de marzo —creo que fue un martes— sabían que estaban poniendo a la dueña de una casa de intercambio a vigilar el tesoro de la nación,,,. O si, en realidad, ese era exactamente el guion de esta película que ya hemos visto demasiadas veces

¿Cómo puede alguien dictaminar sobre los contratos de un país si su propia firma está en el registro de quienes se benefician del sistema que ella misma debe vigilar?…


Escrito por una persona 😊, no por la IA.

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Olivia Chen
Olivia Chen

Olivia Chen investiga fraudes, regulación y evasión fiscal en el mundo de las criptomonedas. Trabajó en Coindesk y colaboró con Bloomberg Crypto en reportajes sobre colapsos de exchanges y burbujas especulativas. Su enfoque combina análisis de blockchain, documentos regulatorios y fuentes en EE.UU. y Europa. Estudió Economía en la University of California, Berkeley, y tiene una certificación en Finanzas Digitales del MIT Media Lab.

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