Colombia al filo de la ley: el crimen que ya gobierna barrios

Hay un hombre en Quibdó que no sale después de las siete. Vive en un barrio de laderas quebradas, a media hora a pie de cualquier estación de policía. No le teme tanto a la bala como al mensaje. Le dicen que hay ojos en cada esquina, que los drones pasan sin hacer ruido, que los amenazados no necesitan ver al mensajero. “Aquí no se dispara tanto”, me dijo una vez un tipo en Pasto, “pero no se puede respirar libre”.

No es nuevo, no es nuevo. Lo que cambia es la forma. Las viejas guerras del narcotráfico, con sus capos, sus tumbas y sus narcomantas, ya no pintan todo el cuadro. Ahora hay algo más frío, más callado. Organizaciones que no se llaman a sí mismas ejércitos, pero que cobran, juzgan, construyen incluso. Que tienen oficinas de cobro como si fueran empresas de servicios. Que usan WhatsApp para vigilar, no para vender. Que reclutan con videos en redes como si fuera social media marketing.

Y lo más inquietante: ya no quieren ser los reyes. Solo ser necesarios.

La línea entre insurgencia y crimen… se desdibujó. Tan delgada que ya ni se nota. Disidencias, paramilitares reencarnados, estructuras urbanas con nombre de barrio y apellido de cargo: “La Razón”, “El Combo”, “La Oficina”. Nombres que no suenan a ideología, sino a oficio. Y operan como tales. Unos cuidan la retaguardia, otros mueven la carga, otros reclutan en colegios, otros limpian la plata. Nadie domina todo. Pero todos dependen del sistema.

Y el sistema aprende.

Capturan a un jefe, y al día siguiente hay otro. No es que lo planearon. Es que la máquina está diseñada para no necesitar figura central. Así son más duros de quebrar. Como si el crimen se hubiera convertido en un fenómeno autopoiético: se reproduce sin jefe, sin himno, sin rostro.

Y el Estado… Bueno. El Estado sigue midiendo el éxito por cuántos capturaron, no por qué vacío dejaron. Mide balazos, no poder. Y mientras tanto, las cárceles siguen siendo oficinas regionales. Los mercados ilícitos, escindidos en eslabones, siguen funcionando aunque caiga un eslabón. La extorsión, la minería ilegal, el microtráfico: todo sigue girando, más bajo, más callado.

Pero hay una cosa que no se ve: cómo estos grupos ya no necesitan ganar la guerra. Solo sobrevivir. Y hacer que el Estado, poco a poco, trabaje para ellos. No por miedo. Por corrupción. Por cansancio. Por rutina. Funcionarios que firman, jueces que desvían, policías que miran para otro lado. No todos. Pero los suficientes.

Hace unas semanas leí un informe —no recuerdo bien quién lo firmó, pero sonaba a alguien que ha pasado tiempo en campo— en el que decía que en ciertos municipios, el alcalde pide permiso antes de mover máquinas. No para pavimentar, sino para no molestar. No es ficción. Es administración paralela.

Y encima, están mejor equipados que algunos destacamentos. Drones, armamento, internet satelital. Tienen capacidad de vigilancia que no se basa en presencia física, sino en datos. Saben quién habla, quién denuncia, quién se resiste. El control ya no es físico. Es digital. Y emocional.

¿Qué pasa con los que no aparecen? Los que nunca firman nada, que no están en las listas, que no tienen nombre en los informes. Las madres que entierran a sus hijos sin poder nombrar al asesino. Los adolescentes que entran por necesidad, porque el otro trabajo no paga ni para el pasaje. Los que desaparecen sin que nadie note que faltan.

Porque acá no se trata de ganar una batalla. Se trata de no perder el territorio. El físico. El moral. El cotidiano.

¿Hasta cuándo se puede vivir bajo una paz que no es paz, sino rendición lenta?

No lo sé. Pero alguien en Medellín apaga su celular al llegar a casa. Y eso ya dice todo.

Escrito por una persona 😊, no por la IA.

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