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En una mañana de marzo, en una oficina gubernamental en Caracas, Carmen Morales, una secretaria de 45 años, se encontraba revisando los expedientes de una licitación. Fue entonces cuando un empresario entró y dejó un sobre en su escritorio, con un dinero que prometía acelerar los trámites. Carmen dudó, pero aceptó. Aunque la cantidad era pequeña, supuso el primer paso en un camino que pronto se volvió insostenible.
El soborno y la corrupción son prácticas ilegales y poco éticas que implican el intercambio de dinero, regalos u otros favores a cambio de un tratamiento especial o favores. El soborno implica dar o recibir algo de valor para influir en las acciones o decisiones de una persona, a menudo en violación de la ley o las normas éticas. La corrupción, por su parte, implica el uso del poder o la autoridad para beneficio personal, a menudo a través de medios ilegales o poco éticos.
Transparencia Internacional define la corrupción como el enriquecimiento ilegal e ilícito de autoridades del sector gubernamental, ya sean políticos o empleados públicos, a través del uso indebido del poder público que se les confía. Estas prácticas no solo socavan el estado de derecho y distorsionan la competencia, sino que también erosionan la confianza pública en el gobierno y las instituciones.
La corrupción del lado de la demanda se refiere a aceptar o solicitar un reembolso ilegal o una ventaja injusta, mientras que proporcionar dicho pago o beneficio se conoce como “corrupción del lado de la oferta”. En muchos casos, la corrupción puede ocurrir por comisión o por omisión. Los empleados del gobierno pueden decidir no actuar o actuar mientras desempeñan sus funciones si reciben una compensación de una persona o empresa.
La corrupción menor, que incluye el pago de sobornos a agentes del orden público, agentes de aduanas y profesionales médicos, es una forma común de corrupción. Esta categoría incluye pagos de facilitación, a veces llamados pagos “de grasa”. La gran corrupción, en cambio, se produce cuando los funcionarios electos y los trabajadores gubernamentales de alto rango abusan de las oportunidades proporcionadas por su trabajo con el gobierno. Ejemplos comunes incluyen sobornos dados o recibidos en relación con proyectos de construcción e infraestructura a gran escala.
El soborno se caracteriza por su naturaleza “quid pro quo”. En la mayoría de los casos, el soborno implica un intercambio entre dos partes, donde una ofrece algo de valor a cambio de un trato favorable. No es necesario que se intercambie dinero; los beneficios pueden venir en diversas formas, como regalos costosos, hospitalidad, acceso a recursos o favores personales.
La mayoría de los esquemas de soborno comienzan con pequeños gestos. En una entrevista, Julián Sánchez, un inspector de obras públicas de 52 años, confesó: “Al principio, eran solo pequeños obsequios. Un reloj, una cena. Pero con el tiempo, esos regalos se volvieron más grandes y los favores también. No supe frenarlo hasta que ya era demasiado tarde.”
El bid rigging, o manipulación de licitaciones, es otra táctica común en casos de corrupción. Esta práctica ilegal ocurre cuando las partes involucradas planean influir en el resultado de un proceso de licitación. Los consumidores y los contribuyentes sufren como resultado, ya que los precios manipulados pueden ser más altos de lo que habrían sido en una licitación de mercado libre.
La corrupción y el soborno tienen graves consecuencias para los individuos, las organizaciones y las sociedades en su conjunto. Pueden conducir a la desigualdad económica y social, así como a la inestabilidad política y el conflicto. Además, obstaculizan el crecimiento económico y la modernización nacional, lo que ha generado preocupación entre las naciones emergentes.
Para combatir el soborno y la corrupción, muchos países han establecido leyes y reglamentos que prohíben estas prácticas e imponen sanciones a quienes las practican. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial también trabajan para promover la transparencia y la rendición de cuentas, y para apoyar los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción.
Las personas y las organizaciones pueden tomar medidas para evitar involucrarse en sobornos y corrupción, promoviendo el comportamiento ético, la transparencia y la rendición de cuentas, y denunciando casos de soborno y corrupción a las autoridades correspondientes.
En un panorama global donde la corrupción es cada vez más visible, la labor de periodistas, activistas y ciudadanos es crucial. La verdad detrás de estos actos oscuros y la lucha por la justicia son tareas que requieren compromiso y coraje. Pero mientras haya personas dispuestas a testificar y a luchar, hay esperanza de un futuro más justo y transparente.
La pregunta que queda es: ¿Hasta cuándo estaremos dispuestos a pagar el precio de la inacción?
Escrito por una persona 😊, no por la IA.
Si tienes detalles adicionales, comunícalos aquí.