Sentencia impactante del TC debilita el caso Lava Jato en Perú

El Golpe al Caso Lava Jato: ¿El Fin de una Era de Cazadores de Corruptos?

El Tribunal Constitucional (TC) del Perú ha emitido una sentencia que podría cambiar el rumbo del caso Lava Jato en el país. Keiko Fujimori, figura central del caso, ha recibido un fallo que desestima los aportes de campaña no declarados como delito. Esta decisión ha dejado en vilo a investigadores y fiscales, que ahora deben pivotar hacia otras líneas de investigación.

El fallo del TC establece que los aportes a campañas políticas realizados antes de noviembre de 2016 no pueden ser considerados lavado de activos. Además, señala que la Fiscalía no logró demostrar que los involucrados conocían el origen ilícito del dinero. Esto podría beneficiar a varios políticos procesados, como Ollanta Humala, Susana Villarán y José Luna Gálvez, quienes ya han anunciado su intención de acogerse a la sentencia.

Pero, ¿qué significa esto para el caso Lava Jato? La investigación ha estado centrada en los sobornos que empresas brasileñas como Odebrecht y OAS pagaron a funcionarios públicos a cambio de grandes contratos de infraestructura. Este es el núcleo del caso, y las pruebas materiales y testimonios siguen respaldando esta hipótesis.

Bueno…, hay quienes ven esto como un revés. La verdad es que el panorama judicial se ha vuelto más complejo. La Fiscalía, liderada por Rafael Vela, enfrenta el desafío de reforzar su argumentación sobre los sobornos directos, dejando de lado los aportes de campaña.

“Esto es un golpe, pero no un KO. Vamos a seguir adelante, con más fuerza y rigor”, dice el fiscal Jorge Pérez, de 45 años, quien lleva tres años trabajando en el caso. “Estamos en contacto constante con las víctimas y testigos, y sabemos que la corrupción no se detiene. Nosotros tampoco.”

El caso Lava Jato ha logrado importantes avances. El expresidente Alejandro Toledo fue condenado en primera instancia por recibir 35 millones de dólares de Odebrecht para favorecer a la empresa en la licitación de la carretera Interoceánica Sur. La Fiscalía también consiguió la condena del exviceministro Jorge Cuba Hidalgo, quien recibió sobornos de Odebrecht durante la adjudicación del Metro de Lima.

“A mí me dolía el alma ver cómo mi país se desmoronaba por la corrupción”, cuenta Luisa Fernández, una abogada de 38 años que trabajó como asesora legal en una de las constructoras involucradas. “Ver a gente que debería estar tras las rejas, caminando libremente, es un golpe para todos nosotros que luchamos por la justicia.”

El informe del equipo especial muestra que hasta la fecha se han logrado 74 sentencias, de las cuales 62 fueron por colaboración eficaz. Esto evidencia la extensa red de beneficiarios y operadores que se extendió dentro del aparato estatal.

Sin embargo, el camino sigue siendo incierto. El próximo fallo de alto impacto será el del expresidente Martín Vizcarra, acusado de recibir más de dos millones de soles de las empresas Obrainsa e ICGSSA cuando era gobernador de Moquegua. Según la Fiscalía, los pagos se realizaron a cambio de favorecer a estas empresas en la adjudicación de la obra de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del hospital regional.

En paralelo, el exgobernador Jorge Acurio enfrenta un juicio por haber negociado el proyecto de Vía Evitamiento Cusco a cambio de un porcentaje del contrato. A pesar de las dificultades, los fiscales aseguran que el núcleo del caso —la corrupción en la adjudicación de obras— permanece firme.

Más de 20 procesos en curso involucran pagos ilícitos confirmados, y aunque las recientes resoluciones del TC compliquen el panorama judicial, los fiscales aseguran que aún hay muchas condenas por dictarse. La lucha contra la corrupción no se detiene.

Pero, ¿y si la justicia tarda más de lo que la paciencia del ciudadano peruano puede aguantar?

¿Cuánto más podemos esperar?

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